Malos manejos en la caja menor de la Alcaldía de Medellín: Procuraduría abrió investigación contra ‘pagadora’ de Quintero y contralor auxiliar

No paran los líos para los funcionarios que trabajaron con el exalcalde de Medellín Daniel Quintero. En la mañana de este jueves se ha conocido que la Procuraduría General de la Nación ha iniciado investigaciones sobre presuntos malos manejos en el fondo fijo reembolsable del despacho del exmandatario.

Esta vez, los reflectores recaen sobre Gloria Patricia Agudelo, quien fue la pagadora de la caja menor de la alcaldía, y Uriel Gómez Grisales, contralor auxiliar de Medellín, que habría sido cercano a Quintero y favorecido las investigaciones.

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Según señaló el ente de control, ambos son objeto de escrutinio debido a las sospechas de irregularidades en el manejo de estos fondos, que han sido vinculados a gastos exagerados en restaurantes, floristerías y en la compra de mercados.

“La Procuraduría General de la Nación abrió investigaciones contra la pagadora de caja menor de la alcaldía de Medellín, Antioquia, Gloria Patricia Agudelo, y el contralor auxiliar de la Contraloría Distrital de Medellín, Uriel Gómez Grisales, por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo del fondo fijo reembolsable, una especie de caja menor creada para sufragar los gastos del alcalde en ejercicio de su rol.

Según lo determinó el organismo de control, la abogada Gloria Patricia Agudelo enfrenta acusaciones por incumplir en seis oportunidades las citaciones de la comisión accidental del Concejo Municipal, haciendo uso de excusas médicas para evitar responder por el manejo de la caja menor. Sin embargo, sorprende la razón por la que los médicos emitieron las ausencias: situaciones laborales que le generaron altos estados de estrés y alteración emocional.

Además, la Procuraduría intentará indagar el incremento patrimonial de la abogada, pues según un artículo publicado por El Colombiano y citado por el ente de control, Agudelo reportó nuevas adquisiciones materiales en los últimos dos años “durante los cuales ha comprado una camioneta Nissan Kicks, un apartamento en la urbanización ‘Rodeo Verde’, donde según el registro de la Supernotariado figura comprando dos bienes más, y un tercer inmueble en el barrio ‘Los Colores’ con su respectivo parqueadero.

Por otro lado, Uriel Gómez Grisales, contralor auxiliar de Medellín, está siendo investigado por su presunta omisión de declarar un conflicto de intereses al vigilar una instancia del gobierno local de la que hizo parte años atrás.

Y es que Gómez Grisales habría hecho parte del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed), durante los primeros nueve meses de la administración de Quintero en 2020, en los que se desempeñó como subdirector administrativo y financiero.

Su posición en una entidad pública, era causal para que el ahora contralor auxiliar de auditoría fiscal se declarara impedido por su afinidad con la actual administración. Sin embargo, el funcionario habría continuado con la investigación, la cual también presentó demasiados reparos.

Según comentaron algunos concejales en su momento, Gómez no poseía la experiencia requerida para realizar una auditoría de ese tipo, y sus indagaciones a los funcionarios involucrados con la caja menor del exalcalde serían superficiales y sin revisión de los soportes físicos de las transacciones que tienen en el ojo del huracán a Daniel Quintero.

“El contralor auxiliar, Uriel Gómez Grisales, fue denunciado porque a pesar de haberse desempeñado como subdirector administrativo y financiero del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, entre enero y septiembre de 2020, al posesionarse en la Contraloría de Medellín, en mayo de 2022, ya había pasado por cuatro roles sin declarar el conflicto de intereses al que estaría expuesto, por haber sido funcionario de la administración distrital de Medellín, y ahora, estar auditándola”, señala la comunicación de la Procuraduría.

El escándalo de la caja menor del exalcalde ya ha cobrado el cargo de otro hombre cercano a Quintero, como lo fue la destitución del secretario privado Juan David Duque por presuntos malos manejos relacionados con estos fondos.

En su momento, la Contraloría Distrital de Medellín reveló un presunto detrimento patrimonial de al menos $117 millones tras revisar los gastos del Fondo Fijo de todo el 2022 y hasta mediados del 2023.

Entretanto, la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle de Aburrá aseguró que supervisará de cerca las conductas de los investigados para determinar si son constitutivas de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.