
Desde Cartagena (Bolívar), en donde participó del XXIV Congreso convocado por la Federación Colombiana de Agentes Logísticos, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, salió en defensa de su mano derecha: la vicefiscal Martha Mancera, que de acuerdo con el titular del ente investigación, está siendo víctima de hostigamientos planeados por el propio presidente de la República, Gustavo Petro.
Barbosa reiteró su posición con respecto a los señalamientos que el jefe de Estado ha hecho sobre el actuar de la Fiscalía, por el caso de Francisco Javier Martínez Ardila, que funge como director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Buenaventura (Valle del Cauca), acusado de facilitar la comercialización de drogas desde el puerto en el Pacífico y de nexos con organizaciones criminales.
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Con ello, Barbosa continuó con su arremetida contra el gobernante, que desde su perfil de X (antes Twitter), había hecho duros señalamientos en contra de la labor del ente acusador y un presunto encubrimiento de la Fiscalía a Martínez.
“Mis preguntas son si existía desde hace meses conversaciones amistosas entre el jefe del CTI de Buenaventura y un narcotraficante, ¿por qué sigue en el cargo?, ¿por qué lo protegieron?, ¿cuánta cocaína se ha exportado usando ese cargo de la Fiscalía?”, interrogó Petro en sus perfiles, a lo que el fiscal General no tardó en responder.

¿Qué más dijo Francisco Barbosa?
En este nuevo pronunciamiento, el fiscal mostró su preocupación por las cerca de 721 órdenes de captura en contra de asesinos de líderes sociales y reinsertados del proceso de paz del Estado con la guerrilla de las Farc, que no se estarían materializando debido a lo que consideró el poco apoyo de la Fuerza Pública.
Y acusó a Petro de promover lo que considera es un adefesio: la Paz Total, lo que no dudó en calificar como Paz Criminal, toda vez que tendría como propósito beneficiar a estructuras delictivas que, por su origen, no merecerían tener estatus político. Tal como lo han denunciado los expresidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque, antecesores de Petro.

Al punto que recalcó cómo se negó a levantar órdenes de captura de narcotraficantes, ante la solicitud del primer mandatario de hacerlos partícipes de mesas de negociación. Con esto, reafirmó que solo procederá en este sentido hasta que en el Congreso se apruebe una ley de sometimiento a la justicia; proyecto que se hundió en el primer periodo legislativo y que todavía no cursa su trámite.
“El fiscal Barbosa no fue quien solicitó levantar órdenes de captura de narcotraficantes en Colombia, fue el Presidente de la República que me lo solicitó a mí y me negué. El fiscal no fue el que presentó un proyecto en el Congreso para legalizar la cadena de narcóticos en el país, fue el Gobierno del presidente”, afirmó.
Por último, lanzó nuevas pullas a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), por la lentitud en la repartición de recursos por los predios y bienes que han hecho parte de procesos de extinción de dominio, en un monto que alcanza los 29 billones de pesos. “Los colombianos esperamos saber qué se ha hecho con esos dineros, cómo se han administrado esos dineros, cómo se han monetizado esos recursos”, puntualizó.
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