La Sociedad de Activos Especiales (SAE) está en el ojo público nuevamente por cuenta de otro escándalo de corrupción, esta vez por la pérdida de una fortuna incautada al exnarcotraficante Carlos Felipe Toro, alias Pipe Montoya o el Caballista.
En total se robaron 69 relojes y diez lingotes de oro incautados en 2019 Pipe Montoya, señalado de haberlos adquirido con el lavado de activos y blanqueo de fondos del narcotráfico. Los bienes habían quedado bajo custodia de la SAE y solo los relojes estaban avaluados en un precio de 1.300 millones de pesos.
El robo de la fortuna fue reportado a las autoridades en 2022, pero fue revelado por Caracol Radio en octubre de este año y fue la misma cadena radial la que dio a conocer que por el hecho están siendo investigadas diez personas, entre las que están una jueza, dos fiscales y cinco policías que trabajaban con la Sociedad de Activos Especiales.
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Por lo anterior la Fiscalía inició una investigación y determinó que dentro de la SAE existe una red de corrupción en la que participan funcionarios públicos de la Dijín, Fiscalía y demás.
Una red de extorsiones judiciales
La cadena radial citada reveló que la Fiscalía identificó una red de extorsiones judiciales de la cual fueron víctima Carlos Felipe Toro y su esposa, quienes fueron capturados en el 2019 por negarse a cumplir con las exigencias de los funcionarios públicos.
El ente acusador dictaminó que fue ilegal el allanamiento en el que fueron capturados el exnarco y su esposa, y fueron incautados los lingotes, los relojes y $218 millones.
Así mismo, la subteniente de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol Mónica Alejandra Vanegas denunció en abril de este año que otros integrantes de la Dijín que hacían parte de la SAE habían falsificado su firma para desarrollar el operativo y lograr que un juez autorizara la interceptación de los teléfonos de alias el Caballista y su esposa.
La pérdida de la fortuna
Tras la incautación de los bienes las autoridades se los entregaron a la SAE, entidad que a su vez los redireccionó a dos depositarios, pues maneja los bienes incautados a través de terceros para que se encarguen de su resguardo.
Años después de los hechos una fiscal ordenó un peritaje para la revaloración de los bienes, pero los expertos se llevaron la sorpresa de que los supuestos lingotes de oro eran en realidad cajas de lata pintadas de dorado y que los relojes que tenían incrustaciones de diamante eran falsos.
De inmediato se inició una investigación al respecto y se determinó que luego de la incautación no se hizo ninguna cadena de custodia y que los elementos no fueron registrados, como exige la ley.
En su momento la Fiscalía declaró: “No se implementó una custodia del Banco de la República sobre los 10 lingotes de oro decomisados, y tampoco se certificó su autenticidad y originalidad. Tampoco se dispuso el depósito de custodia ante el Banco de la República de los 69 relojes. Del mismo modo, tampoco se constató su autenticidad y originalidad por medio del certificado pertinente”.
Adicionalmente, en 2022 los depositarios de los bienes María del Pilar Toro y Juan Carlos Vargas denunciaron que los bienes habían desaparecido de la caja fuerte en la que estaban guardados.
Los investigados
Caracol Radio pudo conocer que en medio de las investigaciones la Fiscalía señaló al exfiscal 35 de extinción de dominio Nicolás Sotomonte y al exfiscal 74 ante los jueces especializados David Oliveros, quienes habrían actuado mancomunadamente para cometer el hurto de los elementos.
Luego de la incautación la jueza 80 de control de garantías de Bogotá declaró ilegal el allanamiento y la incautación de los bienes; tras eso la fiscal 20 de Lavado de Activos María del Rosario Reina pasó el caso a manos de los entonces fiscales 35 y 74 Sotomonte y Oliveros, respectivamente.
Los fiscales investigados declararon la autenticidad solo de los $218 millones, pero no emitieron conceptos sobre los lingotes y los relojes, además los dejaron a disposición del policía que los incautó.
“Los bienes estuvieron en custodia por aproximadamente tres meses a cargo del funcionario que los incautó, el intendente Sergio Sánchez, adscrito al grupo de la Dijín”, dice una resolución del caso publicada por la cadena radial antes citada.
Junto con el intendente Sánchez también son investigados el intendente Alfreth Libarguer Correa y el Patrullero Francisco Javier Morales Molina, señalados de falsificar la firma de la subteniente Mónica Alejandra Vanegas en los informes entregados para respaldar los procedimientos.
Finalmente, según lo revelado por la cadena radial, las autoridades también investigan a la jueza 80 de garantías de Bogotá Maribel Correa Rodríguez, quien se reunió con la entonces fiscal María Teresa Suárez para dar marcha atrás a la decisión inicial de declarar el proceso de captura ilegal y legalizar la captura de alias Pipe Montoya y su esposa.
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