Superintendente de Subsidio Familiar fue suspendido y acusado por la Procuraduría por irregularidades en la selección de cargos

Por tres meses el superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, deberá apartarse de sus funciones debido a que la Procuraduría lo suspendió mientras avanza en la investigación de una irregularidad identificada en la provisión de cargos de director administrativo y agente interventor en las cajas de compensación.

El Ministerio Público formuló pliego de cargos en contra del funcionario designado por el presidente Gustavo Petro, porque realizó modificaciones a la lista de elegibles para proveer cargos al interior de la entidad, lo que podría constituir una falta disciplinaria.

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En mayo de 2022, es decir antes de que Pérez Casas asumiera el cargo y se produjera el cambio de Gobierno, se realizó una convocatoria para conformar la lista de la cual se podrían seleccionar los directores administrativos y agentes interventores de las cajas de compensación.

Sin embargo, una vez llegó Guillermo Pérez a la entidad, en octubre de 2022, habría modificado los requisitos inicialmente establecidos para conformar la lista, según el Ministerio Público, sin justificación constitucional, legal o reglamentaria para hacerlo.

Esa modificación permitió que el superintendente designara a Juan Carlos Carvajal Rodríguez, el único nombre nuevo, como director administrativo de la Caja de Compensación Familiar del Huila (Comfamiliar Huila), al reducir tanto el lapso para manifestar interés para incluir nombres en la lista, como la experiencia necesaria.

“Para el Ministerio Público, el superintendente habría desconocido los principios de igualdad, legalidad, moralidad, entre otros, dado que disminuyó los requisitos exigidos en la convocatoria original con la finalidad de incluir nuevos aspirantes en la lista de elegibles, que era definitiva, obligatoria e inmodificable”, señaló el ente disciplinario.

Debido a esa investigación, en la formulación de cargos, la Procuraduría ordenó la suspensión provisional del funcionario debido a que mientras continúe en esa posición podría continuar modificando el listado para designar directores o agentes liquidadores que no participaron en la convocatoria inicial, que está vigente hasta agosto de 2024.

Este no es el único cargo por el que es investigado Pérez Casas, el Ministerio Público también le formuló un segundo cargo por una aparente solicitud de de dinero que hizo a las cajas de compensación, entidades vigiladas por la superintendencia de Subsidio Familiar, con el fin de ayudar a la población de Buenaventura, como fue una iniciativa de Gobierno para finales del 2022.

Para la Procuraduría, “independientemente del fin altruista, el funcionario no podía solicitar a las cajas vigiladas contribuciones distintas a las legalmente ordenadas por ley, es decir, para la administración de los recursos parafiscales con los que se financia el Sistema del Subsidio Familiar, el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social y el Sistema General de Seguridad Social en Salud”.

En un evento público del 9 de diciembre, el funcionario señaló que habían recibido aportes por 900 millones de pesos y en menos de una semana esperaban completar los 1.000. Sin embargo, para el Ministerio Público no todos podrían haber sido aportes voluntarios, debido a la relación entre la institución y las entidades privadas bajo su vigilancia.

El ente disciplinario consideró que la solicitud del superintendente podría ser entendida por las cajas de compensación como una orden, debido a la función de vigilancia y control que tiene Pérez Casas con esas entidades.

Los dos cargos fueron formulados como faltas disciplinarias gravísimas a título de dolo, por lo que el superintendente se enfrenta a una posible sanción de más de 10 años de inhabilidad general y su destitución. Ahora deberá entrar en un proceso de juicio en el que se escuchará sus posiciones y defensa y se deberá emitir la decisión respecto a las presuntas irregularidades.