El exfiscal 32 de la Dirección contra las Organizaciones Criminales Fabio Augusto Martínez Lugo fue condenado por pedir la intervención de líneas telefónicas de particulares que no estaban vinculados a procesos penales que eran investigados. Esta sentencia se suma a otra que profirió el Tribunal Superior de Bogotá en marzo de 2022 por otro escándalo de “chuzadas”.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación (FGN), el hoy condenado incurrió en varias actuaciones criminales para poder ordenar las interceptaciones ilegales. Por eso, fue señalado como culpable de incurrir en los siguientes delitos: fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y violación ilícita de comunicaciones.
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En consecuencia, un juez penal de conocimiento de Bogotá decidió que Martínez Lugo deberá permanecer privado de la libertad por 5 años, 3 meses y 15 días. Asimismo, deberá pagar una multa de 197 salarios mínimos legales mensuales vigentes y quedó inhabilitado para ejercer funciones y derechos de carácter público.
Los hechos investigados por en ente acusador se registraron en marzo de 2018, cuando el exfiscal, que fungía como funcionario de la entidad, logró que los teléfonos de la liquidadora de un frigorífico, de un exdirectivo de una caja de compensación y de su esposa fueran interceptados de manera ilegal.
La FGN detalló que Martínez Lugo pidió a un policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía que interviniera las comunicaciones de los particulares, argumentando que serían necesarias para avanzar en una investigación sobre una desaparición que se estaba adelantando.
De esta manera, hizo incurrir en error al funcionario del CTI, que accedió a efectuar las interceptaciones. Además, el exfiscal le hizo firmar un documento en el que figuraba información falsa referente a la supuesta necesidad de intervenir las comunicaciones.
La primera condena contra el exfiscal
En marzo de 2022, Martínez Lugo fue condenado a siete años de prisión por intervenir las comunicaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) y las del presidente para Latinoamérica del Grupo Enel – Codensa. En este caso, el Tribunal Superior de Bogotá lo encontró culpable de los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones. La sentencia proferida por el Tribunal surgió luego de que aprobara un preacuerdo al que llegó el exfiscal con la Fiscalía.
Según informó la FGN en un comunicado, el exfiscal aprovechó su puesto como funcionario del ente acusador para interceptar llamadas telefónicas de manera ilegal, las cuales ocultó, argumentando que eran requeridas para una investigación sobre una organización delictiva dedicada al hurto de taxis en el norte de Bogotá. El coronel retirado Jorge Humberto Salinas Muñoz fue quien recibió las instrucciones del hoy condenado.
Martínez Lugo violó todos los protocolos expedidos por el ente acusador para llevar a cabo este tipo de procedimientos, puesto que también presentó informes correspondientes a otros procesos para así justificar que se adelantaran las interceptaciones ilegales, las cuales hizo parecer como acordes a la normativa.
El exfiscal se pronunció por los hechos y aseguró que se acogió al preacuerdo firmado con la FGN debido a que sentía un “verdadero arrepentimiento” y no porque con ella iba a lograr una rebaja de pena. Asimismo, se disculpó con las personas afectadas por sus acciones ilegales.
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