En medio de las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre la supuesta ineficacia de la Fiscalía ante un plan para atentar contra su vida en la campaña presidencial del 2022, salieron a la luz amenazas de muerte contra su hermano Juan Fernando Petro.
La denuncia del hecho fue hecha por la organización no gubernamental Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos Cónsules de Paz, en la cual trabaja el hermano del jefe de Estado.
Según la ONG, las amenazas para acabar con Juan Fernando Petro han llegado a través de correos electrónicos en los que los atacantes exigen al hermano del presidente que cese las labores relacionadas con los derechos humanos.
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En diálogo con la revista Semana, el presidente de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos Cónsules de Paz Rodrigo Ricaurte sostuvo: “las amenazas son constantes, no son justificables, pero son entendibles en la medida del trabajo y el ejercicio que nosotros realizamos, mas no son justificables, aclaro”.
Según el directivo de la ONG, los mensajes intimidatorios son debido a los desplazamientos de sus integrantes a las distintas zonas de conflicto del país para realizar verificaciones de cumplimiento de los derechos humanos.
“Efectivamente pues el hermano del presidente, al ser hermano del presidente de la República, mayor aún recibe amenazas por todas partes a donde vamos y por el ejercicio que se realiza”, agregó.
La organización dio a conocer que envió un mensaje al ministerio del Interior para que garantice la protección de los defensores de derechos humanos y para que además aclare que el hermano del presidente Petro no tiene nada que ver con la problemática sucedida con soldados disfrazados de disidentes de las Farc en una vereda de Tierralta (Córdoba).
¿Qué pasó en Tierralta?
El 11 de septiembre un grupo de hombres armados que se identificaron como disidentes de las Farc llegaron hasta la vereda Bocas del Manso, en zona rural de Tierralta (Córdoba), amedrentaron a la comunidad, los amenazaron con rifles y fusiles, y dijeron que se iban a tomar el control de la zona.
Sin embargo, al día siguiente se dio a conocer que los hombres armados eran en realidad militares del batallón Junín, adscrito a la Brigada XI del Ejército con sede en Montería (Córdoba).
En medio de las investigaciones de la Procuraduría, el Ejército, el CTI de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y demás entidades estatales, se dio a conocer que los militares armados estaban siguiendo órdenes del clan del Golfo, que les dijo que llegaran a la zona y robaran el dinero de los cultivos de coca para que después llegara al lugar la Comisión Americana de Derechos Humanos, creada por el abogado Pedro Niño, quien tiene nexos con ese grupo armado.
Tras divulgar esa información, los medios de comunicación vincularon a Juan Fernando Petro con la Comisión Americana de Derechos Humanos; sin embargo, el hermano del presidente no trabaja con esa ONG sino con la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos Cónsules de Paz, por lo que los señalamientos son erróneos.
Al respecto, la ONG donde trabaja el hermano de Gustavo Petro declaró: “Hay una confusión en el nombre de las organizaciones, la Comisión no ha estado por esos lugares, no tenemos conocimiento de que algún miembro haya estado en la zona. Respecto a Juan Fernando Petro, quien es el alto comisionado del cuerpo de Colombia, goza de todo el respaldo del consejo directivo y de esta dirección general”.
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