Después de siete meses desde que el Juzgado quinto especializado dictó su veredicto en contra de Édgar Ramírez Martínez y Eugenio Correa Díaz, el Tribunal Superior de Bogotá ha emitido comentarios sobre la sentencia impuesta a estos exejecutivos.
De acuerdo con una publicación del periódico colombiano El Tiempo, Ramírez y Correa estuvieron relacionados con la controvertida compra de un terreno destinado a la construcción de una planta de cemento en Maceo, Antioquia, vinculada a la empresa mexicana Cemex.
El magistrado Jaime Andrés Velasco Muñoz, quien fue el encargado de leer la sentencia, destacó que la misma Sala ya se había pronunciado en febrero sobre algunos de los argumentos relacionados con las nulidades.
El magistrado también mencionó que uno de los delitos había prescrito antes de que el Tribunal emitiera su fallo: el de falsedad en documento. Por lo tanto, la sentencia debía ser modificada en términos de duración y penalización. El magistrado aclaró que “ese delito llegó vencido aquí”.
Como resultado, la condena contra Édgar Ramírez se redujo de 15 años y un mes a 13 años y un mes. Además, se le impuso una multa equivalente a 50.013.33 salarios mínimos, debido a su participación en delitos de enriquecimiento ilícito.
En cuanto a Eugenio Correa, su condena disminuyó de 21 años a 19 años, y se le impuso una multa de 51.000 salarios mínimos por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Investigan qué pasó con 250 toneladas de cemento que habría sido donadas a un municipio de Tolima
La Procuraduría General de la Nación (PGN) tiene en su radar al alcalde municipal de San Luis (Tolima), Guillermo Ignacio Alvira Acosta, por presuntas irregularidades en la destinación de miles de bultos de cemento que fueron donados por la empresa de concreto y cementera Cemex Colombia.
De acuerdo con el organismo de control y vigilancia, la Alcaldía Municipal recibió 250 toneladas de cemento por parte de la compañía, las cuales no ingresaron ni al almacén ni a los activos del municipio.
Por eso, la PGN abrió una investigación disciplinaria contra el alcalde para verificar la destinación de los bultos de cemento, que fueron recibidos bajo un convenio con la empresa de concreto y con los que se buscaba adelantar proyectos que beneficiarían a habitantes de San Luis y del corregimiento de Payandé. Dentro de las indagaciones, la Procuraduría también incluyó a los secretarios de Planeación y Desarrollo, Luis Fernando Cardozo García, y de Gobierno, Johan Jair Cabezas Gutiérrez.
Por tal motivo, la PGN ordenó que se practiquen las pruebas requeridas para establecer si hubo irregularidades en la destinación de las más de 200 toneladas de cemento. Para ello, mediante dichas pruebas, se espera identificar si el material fue utilizado en conforme al convenio y si fue cumpliendo con la normatividad vigente.
Asimismo, el organismo de control revisará si el convenio celebrado entre la compañía y la Alcaldía de San Luis fue publicado en la plataforma Secop como correspondía. También evaluará si el acuerdo firmado entre las partes fue supervisado de manera correcta.
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