Fuerte llamado de la Defensoría del Pueblo al Gobierno Petro para atender crisis humanitaria en Tierralta: hay 400 desplazados

La Defensoría del Pueblo hizo un fuerte llamado al Gobierno nacional para que atienda la emergencia humanitaria que vive el municipio de Tierralta (Córdoba) a causa de los hostigamientos a la comunidad por parte de miembros del Ejército Nacional, en hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2023.

De acuerdo con Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, existe la necesidad de coordinar acciones interinstitucionales con el objetivo de brindarles atención alrededor de 400 personas que están en condición de desplazadas, debido a los constantes abusos de la fuerza pública en sus territorios.

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“Ante esta emergencia humanitaria, que podría aumentar con el paso de las horas, les solicitamos a los entes nacionales y departamentales atender la situación, pues el ente municipal ya desbordó su capacidad para hacerle frente a lo que está sucediendo”, indicó el funcionario.

Desde la vereda Bocas del Manso y en zonas aledañas hasta el casco urbano de Tierralta, el defensor aseguró que los núcleos familiares que abandonaron sus viviendas de esa zona rural del centro-sur del departamento están resguardadas en cambuches improvisados en el parque Santiago Canabal del municipio.

Camargo fue enfático en decir que estas personas abandonaron sus casas porque “las instituciones del Estado no les cumplieron con lo que se comprometieron luego de las denuncias sobre abusos de militares contra la comunidad”.

En una mesa de diálogo organizada por la entidad encargada de garantizar los derechos humanos y voceros de las comunidades desplazadas de las veredas Llanos del Tigre, Palestina, Gloria 1, Gloria 2, Sancón, Ballenas, Tucú, Gilgal, San Pablo, Bocas de Cruz y Bocas del Manso, la Defensoría señaló que es obligación del Estado atender sus reclamos, buscar soluciones y garantizar sus derechos.

Lo anterior, dice, debido a que las personas desplazadas, al verse en un “ambiente de zozobra por la presencia de militares en sus veredas, el temor y el no cumplimiento de lo pactado, se vieron obligadas a abandonar los lugares donde habitan”.

“El riesgo de desplazamiento lo advertimos en días pasados, llamamos la atención de entidades nacionales, departamentales y municipales para evitar que se configurara. Sin embargo, hay un número importante de personas que, asentadas en Bocas del Manso, decidieron dejar sus bienes y enseres a merced de la suerte y emprender el éxodo”, manifestó Carlos Camargo Assis.

Uno de los puntos acordados en una primera sesión de la mesa fue poner en marcha la realización de un censo que permita determinar con certeza el número de desplazados y las comunidades a las que pertenecen. Así, se evita el ingreso de estas personas en las listas que no pertenezcan a la población desplazada.

“Hemos presentado tres requerimientos para que sea atendida la emergencia humanitaria. El primero fue dirigido a la Alcaldía de Tierralta, en el que le solicitamos la realización de un Comité Extraordinario de Justicia Transicional para que sean adelantados el censo y la toma de declaraciones”, señaló el defensor del Pueblo.

Un segundo acuerdo al que se llegó fue solicitar a la Gobernación de Córdoba la activación de un plan de choque, atendiendo al Auto 894 del 2022, para brindar apoyo a las personas desplazadas. En el tercer requerimiento, la entidad llamó al director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior para que también active un plan para atender la emergencia.

La Defensoría del Pueblo se comprometió a hacer seguimiento permanente de la situación de derechos humanos en Tierralta. “Continuaremos acompañando a la población desplazada e instando a las entidades y autoridades correspondientes, las veces que sea necesario, para que actúen eficazmente y no permitan la configuración de una crisis humanitaria en Tierralta”, concluyó Camargo Assis.