El 18 de septiembre se llevó a cabo la audiencia pública de reconocimiento de verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por ejecuciones extrajudiciales, también conocidos como falsos positivos, que ocurrieron en Casanare entre 2005 y 2006, en la que estuvieron víctimas y comparecientes.
En la diligencia también hizo presencia la Procuraduría General de la Nación (PGN), organismo de control que dio información sobre casos específicos en los que se registró más de un hecho violento.
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Durante la audiencia pública, el organismo de control habló sobre 15 casos ocurridos en el departamento, en los que las víctimas no solo fueron reportadas como integrantes de la guerrilla dados de baja en combate, sino que fueron torturadas antes del homicidio con violencia física y emocional.
Por esta razón, el procurador delegado con funciones de intervención en la JEP, Jairo Acosta Aristizábal, solicitó a la Jurisdicción que se verifiquen estos casos específicos y otros en los que posiblemente pudieron haberse ejecutado acciones de tortura en contra de las víctimas.
“Existen distintos elementos probatorios en los expedientes de la justicia penal ordinaria, tales como necropsias y testimonios; contrastadas con las versiones aquí adelantadas, que permiten observar la configuración de la tortura psicológica y física”, explicó el delegado, citado en un comunicado de la PGN.
Ahora, la Procuraduría solicita a la JEP que se investigue la tortura como delito porque, debido a su “gravedad inherente”, debe ser indagado de manera rigurosa, cosa que, a los ojos del organismo de control, no se ha evidenciado en el auto de determinación de hechos de la JEP.
Las investigaciones al DAS
De acuerdo con el organismo de control, la participación del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en la ejecución de falsos positivos todavía no es clara y, por ende, la JEP está llamada a indagar a fondo el rol que verdaderamente cumplió la entidad en el departamento de Casanare en la comisión de estos delitos.
Para la PGN, el DAS habría tenido más de una tarea en las ejecuciones extrajudiciales que tuvieron lugar en Casanare. Pero, además, la entidad también habría estado involucrada en asesinatos y desapariciones documentadas en Arauca, Tolima, Guajira y Caquetá.
“Excluir al DAS Casanare del objeto de la investigación, es desconocer que esta agencia fue un actor importante en la selección de las víctimas, en su ejecución y en el encubrimiento de los hechos”, precisó Acosta.
El delegado explicó que las acciones del DAS parecen haber sido sistemáticas no solo en los departamentos mencionados, sino en todo el territorio nacional. Además, las conductas ilícitas no se limitaron únicamente a dar información falsa para dar sustento a la ejecución de las operaciones que acabaron con la vida de miles de víctimas, sino que también hubo una participación directa en los asesinatos.
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