La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, indicó que hay mandatarios que estarían interviniendo en política en el contexto actual, referente a la aproximación de las elecciones territoriales que se llevarán a cabo el 29 de octubre de 2023.
“Me genera preocupación la actitud de mandatarios y funcionarios que transitan como equilibristas sobre la línea delgada que divide el ejercicio de la función y la indebida participación en política”, sostuvo Margarita Cabello, citada por el organismo de control en un comunicado.
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De acuerdo con la funcionaria, los servidores públicos estarían recurriendo a “artilugios” y “eufemismos”, aprovechando los vacíos en la ley, para poder hacer sus intervenciones en política, aunque aseguran no estar cometiendo ninguna acción contraria a la ley. Sin embargo, dejan una “sensación inequívoca de estar parcializados”.
No obstante, la Procuraduría no puede investigar ni sancionar basada en “percepciones”, por lo que la procuradora recordó a los mandatarios que su obligación es representar a la ciudadanía mediante conductas ejemplares y coherentes.
Asimismo, también indicó que, de acuerdo con el más reciente reporte del Sistema de Información de Registro de Inhabilidades y Sanciones (Siri), el número de candidatos con posibles inhabilites aumentó con respecto a los datos anteriormente recolectados. Ahora (septiembre de 2023) son 724 aspirantes los que aparecen con anotaciones, cuando antes (agosto de 2023) eran 674, lo que representa un aumento de 52 candidatos.
El Ministerio Público ya envió el listado de los participantes al Consejo Nacional Electoral (CNE), con el objetivo de que estudie los casos y proceda a adelantar los respectivos trámites de revocación de inscripciones de candidaturas. Margarita Cabello anunció también que 23 procuradores judiciales fueron asignados para verificar las inhabilidades de los aspirantes que aparecen con anotaciones en Siri.
¿Qué puede y qué no puede hacer un funcionario en época electoral?
El Ministerio Público enlista un total de nueve conductas prohibidas que deben tener en cuenta los funcionarios en época electoral:
- Utilizar su cargo para hacer proselitismo, es decir, para participar en actividades de partidos o movimientos políticos.
- Presionar a subalternos o particulares para que respalden campañas políticas.
- No cumplir con sus deberes por participar en política.
- Desarrollar actividades de carácter político en horario laboral.
- Contribuir económicamente a campañas o partidos políticos.
- Difundir propaganda electoral.
- Influir en la decisión de voto de otras personas mediante el ofrecimiento de beneficios.
- Autorizar el uso de bienes públicos para llevar a cabo actividades de proselitismo.
- Emplear recursos públicos para apoyar causas proselitistas.
La seguridad también preocupa
La procuradora recientemente afirmó que en Colombia se ha registrado un aumento de la violencia, por lo que existen riesgos latentes a la seguridad de los votantes y candidatos a los diferentes cargos públicos en esta época de elecciones. Esto también implica que la democracia esté en peligro.
Por ello, solicitó al Gobierno nacional y la fuerza pública brindar las garantías necesarias de seguridad para los colombianos en el desarrollo de las elecciones. Esto sobre todo en 17 municipios que, de acuerdo con la tercera versión del Mapa de Percepción de Riesgo del Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral (Ci3E) de la Policía Nacional, requieren de “atención prioritaria”.
Los municipios en cuestión están distribuidos en un total de ocho departamentos, que son: El Bagre y Yarumal (Antioquia); Arauca y Saravena (Arauca); Argelia, Balboa y Caldono (Cauca); San Vicente del Caguán (Caquetá); Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta (Córdoba); Puerto Gaitán (Meta); Tumaco (Nariño); Cúcuta y Tibú (Norte de Santander) y, Buenaventura y Jamundí (Valle del Cauca).
La jefe de cartera sostuvo que las acciones generadoras de violencia que se han venido presentando en el territorio nacional corresponden, en buena parte, a organizaciones armadas al margen de ley, que eventualmente pueden poner en riesgo el derecho al voto de los ciudadanos.
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