Durante el lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de septiembre se llevó a cabo una nueva audiencia de reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) correspondiente al subcaso Casanare del macrocaso 05, que investiga las ejecuciones extrajudiciales (o ‘falsos positivos‘) cometidos durante el conflicto armado.
En ese departamento, integrantes de la XVI Brigada del Ejército Nacional cometieron entre 2005 y 2008 más de 300 asesinatos de civiles que fueron exhibidos ante el país como guerrilleros abatidos en combate.
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Desde soldados profesionales hasta el comandante de la unidad, el mayor general (r) William Torres Escalante, comparecieron en la diligencia y ante los familiares de víctimas aceptaron su responsabilidad en dichos crímenes de lesa humanidad.
“En honor a esas personas que murieron entre 2005 y 2008, más que nunca acepto mi máxima responsabilidad como máximo comandante. Después de haber conocido todas las atrocidades que se estaban cometiendo allá, yo tenía el poder para haberlas parado y no lo hice; por el contrario”, confesó el exmando militar ante las víctimas.
Aunque la audiencia llevada a cabo en Yopal no fue la primera de este tipo —en julio de 2022 se llevó a cabo en Valledupar una audiencia de reconocimiento por ejecuciones extrajudiciales cometidas por efectivos adscritos al Batallón de Artillería No.2 La Popa—, la magistratura la calificó como “histórica”, pues era la primera vez que un general de la República aceptaba su grado máximo de competencia en los asesinatos investigados por la Sala de Reconocimiento del tribunal especial.
Así lo determinó el magistrado Óscar Parra, presente en los tres días de audiencia. “Quiero resaltar la importancia del tipo de reconocimientos que se han hecho y que tenemos que valorar judicialmente; pero por lo pronto resaltar que un mayor general en retiro del Ejército reconoce, en el marco de la imputación que se le ha hecho, el liderazgo en una estructura criminal de planeación, ejecución y encubrimiento de falsos positivos en el territorio”, manifestó al respecto.
El futuro del proceso
El togado también dijo que la Sala avanzará en posibles nuevas imputaciones, teniendo en cuenta las dinámicas narradas por los comparecientes en Yopal y las exigencias de verdad que reclamaron las víctimas después de la audiencia. Sumado a esto, la magistrada Catalina Díaz Gómez anunció un trabajo profundo en Casanare debido a la gran cantidad de denuncias recibidas por estos crímenes.
“Lo que hemos constatado es que la masividad en el departamento es gigante. El número de víctimas que nunca habían sido escuchadas en la justicia, que no habían podido denunciar, que llegaron a esta audiencia por primera vez, es enorme”, dijo la funcionaria, que reveló un desborde en las capacidades del tribunal para asumir competencia en todos los casos presentados.
Por su parte, Parra añadió que habrá una decisión judicial basada en la declaración de Torres Escalante y en lo que diga el Ministerio Público y las organizaciones de víctimas. “Tenemos que hilar muchos de los aspectos que el general ha ido señalando y poco a poco profundizaremos la decisión de la JEP en esa materia”, dijo.
También serán consignados a modo de anexo los casos que no eran de conocimiento del tribunal, pero que fueron mencionados por familiares de víctimas en la audiencia. La magistratura hará un análisis para determinar si los asesinatos cometidos por los uniformados obedecieron a un patrón propio de una estructura criminal o si hizo parte de una doctrina militar instaurada en la época.
Finalmente, el magistrado Parra dio a conocer que a largo plazo se analizará, basado en hechos consignados por entidades como el extinto DAS, las líneas de mando o el manejo de instrucciones que terminaron en la comisión de crímenes extrajudiciales.
“Hay componentes de la fase nacional del caso que nos va a llevar a hacer indagaciones en diversas instituciones, llamar diversos testigos dentro de las autoridades civiles de la época, entre otras indagaciones que nos permitan esclarecer las responsabilidades”, concluyó el togado.
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