Paramilitares, homicidas y políticos corruptos: estos son algunos de los personajes más reconocidos exluidos de la JEP

Después del anuncio hecho por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el que destacó la exclusión de 2.772 personas de forma definitiva después de que solicitaran su sometimiento ante el tribunal, la lista la encabezarían diferentes políticos, militares y civiles acusados por hechos de corrupción, asesinatos y vinculación a la parapolítica.

Entre los casos más sonados en ámbito político, estaría el de la familia Moreno Rojas, compuesta por el exsenador Iván Moreno Rojas, el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno y su madre María Eugenia Rojas; el exsenador Musa Besaile, acusado de tener vínculos con las autodefensas, y Jorge Luis Alfonso López, hijo de alias La Gata, señalado por participar en tres asesinatos mientras fue alcalde de Magangué.

En el caso de los Moreno, la JEP determinó en junio de 2020, cuando el exalcalde Samuel Moreno seguía con vida, que los hermanos no cumplían con los requisitos para ser incluidos en el tribunal. En su momento, Iván y Samuel solicitaron su admisión argumentando que podían aportar al esclarecimiento de la verdad, dando “líneas de contexto” del conflicto de las que eran conocedores por ser herederos del expresidente Gustavo Rojas Pinilla, quien logró un acuerdo de paz con las guerrillas liberales.

Sin embargo, el tribunal determinó que los delitos por lo que fueron condenados no correspondían al conflicto armado del país, sino que se trató de un acto de corrupción y que sus acciones fueron en detrimento del patrimonio de Bogotá. En el caso de la señora María Eugenia Rojas, la JEP no encontró cargos en su contra que tuvieran relación con las competencias del tribunal.

Por su parte, el esxenador Musa Besaile Fayad, acusado de tener vínculos con las autodefensas, a pesar de ser admitido por el tribunal, en julio de 2021 se anunció su expulsión al determinar que los aportes ofrecidos no denotaban seriedad y compromiso, además de catalogar los testimonios de excongresista como “poco relevantes”.

“Los aportes de verdad realizados por el señor Besaile Fayad no cumplen con el requisito de ser una verdad extraordinaria que permita esclarecer aspectos del conflicto armado que no hayan sido conocidos antes por la labor de la justicia ordinaria”, informó la JEP en su momento.

En el caso de Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López “La Gata” y exalcalde del municipio de Magangué entre 2004 y 2007, también fue rechazado por la JEP, después de que solicitara someterse al tribunal por el asesinato del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez y otras dos personas.

En Febrero de 2021 el tribunal determinó que los homicidios fueron perpetrados mientras alias “el Gatico”, como se le conoce, era miembro activo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo que está excluido del marco de competencia de la JEP.

Pero los políticos no fueron los únicos interesados en acogerse a los beneficios otorgados por la JEP. Varios miembros de grupos paramilitares como Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40″, también envió su solicitud de ingreso al tribunal. Sin embargo, en mayo de 2023, fue rechazado por no demostrar un compromiso con la verdad, además de no aportar información durante la Audiencia Única de Verdad Plena y no entregar pruebas que acreditaran que financió y auspició organizaciones paramilitares antes de formar parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).

En un caso que es noticia por estos días, Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, fue rechazado en diciembre de 2022 por la JEP, luego de que determinara que este hombre fue un paramilitar activo y continuo y no un financiador de las autodefensas. Aunque fue condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos, Otoniel todavía tiene cuentas pendientes con Colombia por los delitos de homicidio, terrorismo, reclutamiento de menores, secuestro y delitos sexuales.

Por el lado de los militares, la JEP determinó en marzo de 2023 que general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por el delito de desaparición forzada durante la toma del Palacio de Justicia en 1985, sería expulsado del tribunal por no aportar información contundente sobre los hechos ocurridos ese año. “No tuvo propósito alguno de esclarecer un mínimo de verdad, mucho menos la verdad total de los hechos por los cuales ya fue determinada su responsabilidad penal”, indicaron los magistrados.

Por el mismo caso, el tribunal rechazó la solicitud de general (r) Iván Ramírez Quintero en agosto de 2022, por no haber hecho los aportes de verdad con los que se comprometió cuando hizo su solicitud de admisión en 2020.

Varios exmiembros de las Farc también han sido expulsados de la JEP por violar gravemente el acuerdo de repetición, como en el caso de Iván Márquez, José Manuel Sierra Sabogal (alias Zarco Aldinever) y Henry Castellanos Garzón (alias Romaña), que retomaron las armas en 2019 después de haberse sometido a la Justicia Especial de Paz. Un caso similar ocurrió con Leyder Johany Noscué Bototo, alias Mayimbú, a quien el tribunal decretó su expulsión en diciembre de 2019.