Alcalde de Barranquilla dice que el director del Inpec “está pintado en la pared” por el manejo de las cárceles

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, ha expresado fuertes críticas contra el director del Inpec, calificándolo como un “pintado en la pared” debido al manejo y control de las cárceles en el país.

Si bien Pumarejo reconoce que los movimientos recientes del Inpec para trasladar detenidos que presuntamente lideraban extorsiones desde las cárceles en Barranquilla y municipios del Atlántico han dado algunos resultados temporales en las últimas semanas, considera que estas acciones no constituyen una solución definitiva al problema de inseguridad y criminalidad.

El alcalde destaca el constante cambio de directores del Inpec en los últimos 15 años, lo que, según él, refleja los recurrentes escándalos en la institución. Critica que la entidad está controlada desde abajo por diferentes entidades que agrupan a los guardianes, y algunos pocos terminan dominando la situación, afectando a la mayoría de los funcionarios que son honestos y trabajadores.

En opinión de Pumarejo, es necesario brindar al Inpec las herramientas adecuadas para realizar su tarea correctamente o considerar la liquidación de la institución y transferir sus funciones a la Policía, donde no existen ciertos fueros que casi vuelven intocables a algunos funcionarios.

En respuesta a los problemas de inseguridad, el alcalde señala que desde Asocapitales se ha hecho un llamado a todos los alcaldes de las ciudades para que instruyan a los comandantes de Policía a utilizar la fuerza necesaria para actuar contra los delincuentes.

“Estamos diciendo que estamos listos y le hemos dado la instrucción a todos los comandantes de la Policía para que salgan a las calles y arresten a los bandidos, y si es necesario, utilicen la fuerza que sea requerida para neutralizarlos”, agregó Pumarejo.

Además, el alcalde cuestiona la política de seguridad y criminalidad del Gobierno nacional, sosteniendo que no está dando los resultados deseados en la lucha contra la inseguridad y la delincuencia.

Delincuentes extorsionan desde las cárceles

El coronel Daniel Gutiérrez, director del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), se refirió a las estrategias que se establecerían en el proyecto anticorrupción para los 128 carcelarios de Colombia, que tendría como objetivo central la posibilidad de legalizar el uso de teléfonos móviles al interior de algunos de los establecimientos carcelarios.

La propuesta se trata de un plan piloto para controlar el uso de los teléfonos móviles, ya que “el ingreso de elementos prohibidos como estos ha sido una de la problemática más frecuente a lo largo de los años. Además, podría ser una idea que generaría cambio en torno a la eliminación de extorsiones y corrupción dentro de los penales”, según mencionó el oficial Gutiérrez en entrevista con RCN Radio.

Cabe destacar que recientemente se han establecido diferentes reuniones con los ministerios de Justicia y de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para solucionar la problemática, en las que se han discutido sobre los impactos positivos y negativos de usar aparatos móviles abiertamente para las personas privadas de la libertad (PPL).

El funcionario además explicó que “son iniciativas que estamos trabajando y las cuales están aterrizadas en términos jurídicos, seguridad ciudadana y humana y resocialización, pero hay que revisar todos esos ítems para determinar si es viales. Esto nace a través de todo lo que se ha presentado durante años y que no ha funcionado como los inhibidores, la restricción y demás”.

Desde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario se explicó que dentro de las propuestas se destaca poder identificar con quien se está comunicando cada interno, además se humanizaría sus condiciones de vida, permitiendo que haya un puente entre el detenido y sus familiares y amigos.

Así, el uso de los teléfonos móviles estaría condicionado por un cronograma y un registro permanente del servicio. Además se confirmó que estos beneficios se incorporarían en centros penitenciarios que certifiquen bajos niveles de extorsión.

El coronel Daniel Gutiérrez clarificó que esta se trata de una propuesta que aún está en estudio y que se aplicaría bajo un modelo de “centro de llamadas’'. Y que se incorporarán mesas de trabajo con los actores que están tanto a favor como en contra del planteamiento y de esta manera incorporar herramientas que mejoren las condiciones y la calidad de vida de los internos.

A su vez concluyó su intervención aseverando que para que esta pase de ser una propuesta y se ejecute en el plano real se debe aprobar por entes de control como el Gobierno nacional y en el Congreso de la República.