
Una nueva advertencia hizo en las últimas horas la Defensoría del Pueblo, luego de conocerse que el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc estarían adelantando acciones que vulneran los derechos humanos de la población civil en zona rural del municipio de Cáceres, en Antioquia. Según el documento, estos grupos al margen de la ley estarían instrumentalizando a los ciudadanos para impedir las labores de las autoridades.
En la carta entregada por la Defensoría, le hizo un llamado contundente a los actores armados a “respetar los derechos a la vida, la integridad, la libre movilidad, la alimentación, entre otros, de todos los habitantes del nororiente del departamento”, al tiempo que les exigió no ejercer presión sobre los habitantes, en su mayoría campesinos y trabajadores humildes, para realizar manifestaciones contra la fuerza pública, que mantienen sus labores constitucionales en la subregión del Bajo Cauca antioqueño.
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Los ilegales estarían amedrentando a la población con amenazas contra su vida si no cumplen las peticiones que los diferentes grupos armados hacen, en su lucha por controlar el territorio. Incluso, se conoció que en esta zona rural se está sistematizando el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, por lo que la entidad advirtió que “los menores de edad no tienen por qué estar integrando las filas de los ilegales, bajo ninguna circunstancia, práctica cruel que contraría la normativa del DIH (sic)”.
En el informe de la entidad también se denunció que los ilegales estarían agrediendo a la población civil con la siembra de minas antipersonal; además, estarían adelantando hostigamientos para obligar desplazamientos individuales, se estaría restringiendo la movilidad de los habitantes e incluso se estaría prohibiendo el ingreso de alimentos y combustibles.
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La Defensoría del Pueblo también repudió la modalidad de homicidio que se ha implementado en las últimas semanas en Cáceres, Antioquía. Según dio a conocer, los actores armados estarían impidiendo el traslado de los cuerpos a los cascos urbanos, con el fin de que su deceso no sea reportado ante las autoridades. Por el contrario, estas estructuras criminales están obligando a los familiares a sepultar a sus seres queridos en bosques y terrenos apartados, para evitar que sean encontrados.

La entidad también resaltó que el Bajo Cauca antioqueño ha sido una de las zonas donde más se ha visto el incremento del conflicto armado en los últimos años, por lo que lanzó un llamado a las entidades nacionales y territoriales, además de las fuerzas armadas, para actuar en la zona y mejorar las condiciones de seguridad de los habitantes del municipio de Cáceres y sus zonas aledañas.
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En el documento, la entidad destacó que “les exige a estas organizaciones criminales no afectar a la población civil, respetar sus derechos a la vida, a la integridad, a la libre movilidad, a la alimentación; igualmente, sus derechos económicos y sociales”.
De igual forma, la Defensoría extendió una invitación a los grupos armados para propiciar espacios de diálogo en el territorio, al igual que los instó para que haya una participación pacífica de todos los actores involucrados en el conflicto. “Es el verdadero camino que debe ser recorrido para encontrar la anhelada paz que claman los colombianos”, se señala en el documento.
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Cabecilla del Clan del Golfo fue dado de baja en el Bajo Cauca Antioqueño
En los últimos días, el Ejército Nacional de Colombia corroboró la muerte de un importante cabecilla del Clan del Golfo. Según el informe, alias “David” o “Chupapedo” fue dado de baja en una operación conjunta de los militares con la participación de la Fiscalía General de la Nación.
En la información brindada por las autoridades, alias David sería el jefe máximo de la subestructura Yeison Leudo Chaverra del Clan del Golfo, además de ser el coordinador de los enfrentamientos entre esa estructura militar y la guerrilla del ELN, además de ser uno de los responsables de las confrontaciones armadas con el frente 36, de las disidencias de las Farc.
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