La Corte Suprema de Justicia acaba de proferir, poco antes del medio día del viernes 16 de junio, una condena en contra del exsenador Mario Alberto Castaño Pérez, a más de 15 años de prisión por 19 delitos relacionados con concierto para delinquir al liderar red criminal de millonarios contratos con diversos ministerios, gobernaciones, alcaldías y otras entidades del Estado.
En este orden de ideas el fallo de la Corte Suprema le “impone las penas de prisión de 191 meses e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término, multa de 11.968,54 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos, más de 1.060.000.000 de acuerdo con lo consignado en la parte considerativa de la sentencia”, puntualizó el fallo.
Estas sanciones, expuso la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia responden a los punibles de concierto para delinquir agravado, en calidad de autor, estafa agravada como determinador, peculado por apropiación consumado, en algunos eventos como coautor interviniente y otros como determinador...”
El exsenador asumió su responsabilidad en 2022
Amerita tener en cuenta que el pasado 21 de septiembre del 2022 el exparlamentario había reconocido su plena responsabilidad en los delitos ya referidos, tras meses alegando que era inocente.
Así, ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema llegó en la mañana de este miércoles 21 de septiembre para reconocer su responsabilidad en los 19 delitos ya referidos, tras lo cual se acogió a la sentencia anticipada para recibir una rebaja de pena contemplada en los beneficios estipulados en el artículo 40 de la Ley 600 de 2000, que contempla dosificar la pena en una tercera parte.
“Tras la aceptación de los múltiples cargos por parte del procesado, la Sala Especial de Instrucción remitirá el expediente a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia para que emita la sentencia correspondiente a los hechos aceptados”, informó en aquel entonces el alto tribunal y así lo registró en su momento Infobae Colombia.
El congresista lideró una estructura criminal, que fue llamada “Las Marionetas”, que en complicidad con un grupo de alcaldes, funcionarios y particulares, se apropió de multimillonarios recursos de la administración pública provenientes del patrimonio del Estado para la mejora de espacios para la comunidad.
El alto tribunal recibió el expediente antes de las elecciones legislativas, en el cual se recaudaron interceptaciones de varios de los vinculados, entre ellas su asesora en el Congreso, Nova Lorena Cañón, una de las encargadas de dirigir los contratos a través de sus contactos en los ministerios. Incluso, en algunas de sus conversaciones, buscó la influencia de la mamá del entonces presidente Iván Duque, Juliana Márquez.
Cañón ha sido una de las principales testigos luego de haber firmado un preacuerdo con la Fiscalía para su colaboración, como una de las más cercanas al senador y reconocida como la relacionista pública de la red criminal que lideró su entonces jefe Castaño.
“Nova Lorena Cañón ejerció el rol de lobista y gestora de proyectos ante varios ministerios y entes del orden nacional en favor de varias alcaldías municipales de los departamentos de Boyacá, Caldas, Valle del Cauca y Tolima. Para garantizar los recursos, al parecer solicitaba información del avance de las propuestas, convocaba reuniones con los funcionarios públicos, realizaba encuentros personales con los mandatarios locales y acataba las instrucciones entregadas por el senador electo, quien sería el articulador de la red de corrupción”, aseguró la Fiscalía.
Santiago Castaño es otro de los miembros de la red criminal, quien también firmó un acuerdo de colaboración y recibió la prisión domiciliaria, presuntamente fue un empresario encargado de buscar la adjudicación de contratos en los departamentos de Caldas y Tolima.
Ambos fueron capturados en los operativos del CTI que llevaron a más de 10 personas a la cárcel, entre ellos varios alcaldes de los municipios donde Las Marionetas torcieron la contratación de centros Sacúdete, la estrategia para la juventud del presidente Duque; la construcción de canchas sintéticas y centros deportivos con recursos del Ministerio del Deporte, licores y reparación de vías que le habrían permitido un desfalco superior a los 43.000 millones de pesos.
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