Este es el general del Ejército que investigará la Procuraduría por operación que dejó 11 muertos en Putumayo

La Procuraduría General de la Nación ya abrió una investigación formal a un oficial del Ejército responsable del operativo militar en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo, que tuvo lugar el 28 de marzo de 2022, cuando la comunidad de la vereda de Alto Remanso realizaba un bazar y que dejó a 11 civiles fallecidos.

Se trata del general Walther Adrián Giraldo Jiménez, que tiene una trayectoria de más de 33 años en la institución castrense y que para el momento de los hechos se desempeñaba como comandante del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Trasnacionales. Luego, a finales de 2022, fue designado comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, de suma importancia en el país.

También aparecen vinculados el coronel Carlos Mauricio Salgado Romero, el teniente coronel Néstor Andrés Cadena, el capitán Jorge Erney Marroquín, el teniente Julián E. Ávila, el sargento segundo Andrés Quiñonez Mendoza y los cabos primero Wilson Santamaría Ramos y Wilmer Rodríguez Arango.

Los uniformados son acusados porque pese a que tenían la misión de dar de baja a alias Bruno, cabecilla de los ‘comandos de Frontera’, una facción de las disidencias de las Farc de Iván Márquez, los que resultaron fallecidos en la operación fueron los civiles Pablo Panduro, Divier Hernández, Ana María Sarrias, Brayan Santiago Pama, Rubén Peña, Óscar Oliva, Luis Alfonso Guerrero, John Jairo Silva, Enuar Ojeda, Antonio Peña y Alexánder Peña.

Según los militares, había evidencia de que en el lugar donde se realizaba el bazar había miembros de las disidencias; pero, la comunidad sostiene que las personas fallecidas no pertenecen a ese grupo ilegal, aunque reconoce que en la zona sí hay presencia de este.

En el auto de 10 páginas, firmado por los tres procuradores delegados de la Sala Disciplinaria de Instrucción, que fue conocido por el periódico El Tiempo, se puede leer: “Se tiene que alrededor de las 07:13 horas (del 28 de marzo de 2022), los soldados en el área de operaciones, previa autorización del mando, entraron en combate con el Gao-r 48 y, sin discriminar los blancos, produjeron la muerte de 11 personas e hirieron a cinco más, para un total de 16 civiles afectados por el actuar del Ejército Nacional”.

También se aclara que las víctimas serían civiles, lo que contradice la versión de los militares que aseguraba que habían atacado a miembros de las disidencias bajo el mando de alias Bruno. El Ministerio Público determinó que, si bien la operación tenía un propósito legítimo y amparado por la Constitución, en el proceso se cometieron irregularidades que dieron como resultado la muerte de las 11 personas.

Adicionalmente, la Procuraduría también acusa a los uniformados de “modificar la escena del crimen, agregando material de guerra, tales como armas y chalecos de uso militar a varios de los civiles dados de baja durante la operación, al igual que trasladar los cuerpos de su posición, previo al respectivo estudio por parte de la policía judicial”.

Por ese motivo, tanto los que estuvieron directamente en el terreno como los que impartieron órdenes a la distancia están vinculados. En el caso del general Giraldo Jiménez, las pruebas recolectadas hasta el momento apuntan a que habría estado en contacto permanente con el oficial de más alto rango que estaba en la zona de operación, lo que indicaría que estuvo al tanto de todos los detalles ocurridos en el lugar.

Antes de proferir un pliego de cargos en contra de los militares, la Procuraduría ordenó práctica de pruebas, entre las que está un informe solicitado al Comando del Ejército y la declaración juramentada del general Juan Carlos Correa, comandante de la División de Aviación y Asalto Aéreo para ese entonces. Además, se emitirá otro auto con el material que ya recogió la Fiscalía General de la Nación.