Así habrían estimagtizado y deslegitimizado a la organización Bakatá, que pedía atención a las comunidades indígenas en el Parque Nacional

En octubre del 2021, varias comunidades indígenas llegaron al Parque Nacional en Bogotá y se asentaron, en son de protesta, para que las autoridades nacionales los escucharan y atendieran sus requerimientos por las constantes presiones y amenazas que sufrían en sus diferentes territorios, de donde finalmente tuvieron que desplazarse por seguridad de sus comunidades.

La presencia de este sector étnico duró aproximadamente siete meses, dónde se consolidó un grupo, que se dio a conocer como la comunidad Bakatá. Este colectivo de representantes lideró, incluso, varias de las conversaciones que se sostuvieron con el Gobierno de Iván Duque y la Alcaldía de Claudia López, que finalmente dio como resultado un acuerdo de 10 puntos, que hasta hoy no ha sido cumplido. Pero lo más grave no es el incumplimiento estatal, sino que, además, de la precariedad en la que continúan los indígenas, la Policía y la Fiscalía levantaron investigaciones en contra de algunos líderes indígenas sin fundamento probatorio y basado, presuntamente, en un testimonio de una mujer, a la que no se le conoce la identidad, pero que está lleno de estigmas y estereotipos.

El seguimiento que hacen las instituciones fue dado a conocer por Vorágine y El País, que en una investigación conjunta tuvieron acceso a documentos que hacen fuertes acusaciones en contra, principalmente, de los miembros que conformaron Bakatá, pero todos con algo en común: no tienen pruebas que puedan sustentar lo mencionado y si caen, cómo los medios nacionales lo titularon, en “racismo y estigmas”.

Todo habría comenzado por el testimonio de una mujer anónima, que se dirigió a las instalaciones de la Sijín en septiembre del 2021 y fue atendida el patrullero Gonzalo Albeiro Tangarife, adscrito a la unidad de antiterrorismo de la institución policial, y el intendente Wilber Ibañez Gómez, en su relato señaló que supuestamente los indígenas acentuados en el Parque Nacional “vienen desde sus territorios con el ánimo de proteger sus cosas por medio de la fuerza y la violencia, es por eso que Jairo Montañez, María Violet Medina, Edgar Juanias aprovecharon su saber y lo han ido implementando para atacar (a la Policía y a funcionarios públicos)”.

Además, insinuó que en las comunidades los miembros estaban haciendo uso de sustancias psicoactivas, refiriéndose, puntualmente, a la medicina ancestral de los pueblos indígenas. También, se nombró al actual director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovani Yule. Finalmente, y luego de un largo diálogo, se concluyó, desde la Dijín, que pese a que no había pruebas para sustentar el relato, el testimonio “era de alta confiabilidad”.

Luego de esto, comenzó una clase de persecución, donde hay documentos que muestran que agentes de la Policía se infiltraron en la comunidad para conseguir pruebas, no solo de lo mencionado anteriormente, sino de supuestos nexos con el ELN: “Se pretende obtener elementos materiales probatorios y evidencia física que permitan desarticular a un grupo de personas autodenominadas Autoridades Indígenas Bakatá”, y así mismo identificar medio de comunicación que favorecieran el discurso de las comunidades indígenas, lo cual fue condenado por la FLIP, porque estaría violando el principio de la libre expresión y la libertad de prensa consagrado en la Constitución Política.

Finalmente, no encontraron nada en el entorno que permitiera legitimar el discurso de la institución o el testimonio de la mujer anónima. Posteriormente, pasaron la investigación a la Fiscalía, Vorágine menciona que la encargada fue la fiscal Marta Isabel Jiménez, quien autorizó la interceptación de los móviles de líderes indígenas y que un agente encubierto hiciera su trabajo.

En este segundo proceso, tampoco parece, que hay registró de pruebas en contra de los miembros del colectivo Bakatá, pero finalmente hasta el día de hoy: “Seis líderes indígenas, dos de ellos mencionados en el plan de la Policía y la Fiscalía para desarticular Bakatá, han sido llamados por jueces para responder en un proceso por el delito de instigación a delinquir”, anotan los medios que llevaron a cabo la investigación.

Por su parte, todas las acusaciones fueron contrastadas con los testimonios de los indígenas y miembros de Bakatá, quienes mencionaron que nada de eso tiene sentido y que las acusaciones no tienen fundamento alguno: “Existe una campaña para desprestigiar, para amilanar y hostigar”, dijeron al medio alternativo.