
En la tarde del viernes 5 de mayo se desató una nueva tormenta política por cuenta de una solicitud que había hecho la semana pasada el presidente de la República, Gustavo Petro, de que se analizara la denuncia que hizo el periodista Gonzalo Guillén, en la Nueva Prensa, donde señaló que el fiscal Daniel Hernández habría omitido una investigación a 14 supuestos miembros del Clan del Golfo y no impidieron que fueran asesinadas unas 200 personas.
El asunto escaló al punto que Petro le dijo a el fiscal General, Francisco Barbosa, que como el era el jefe de Estado, también lo era de él, lo que provocó una gran controversia en la que hasta terció la Corte Suprema de Justicia, ya que estaría rompiendo la independencia de poderes.
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Esto porque Barbosa le había criticado que por hacer eco de la investigación de Guillén, puso en riesgo al fiscal Hernández, quien a su vez denunció al presidente de la República ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
“El señor presidente retuiteó una publicación de la Nueva Prensa del supuesto periodista Gonzalo Guillen en la cual manifiesta que yo he patrocinado y coadyuvado más de 200 homicidios del Clan del Golfo, masacres y desapariciones forzadas, una situación que es una total falsedad”, afirmó en su acusación.
Todo esto conllevó a que el Fiscal General de la Nación anunciara que enviaría a su familia al exterior porque consideró que no cuenta con garantías de seguridad ante las declaraciones del mandatario.
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“Hoy, toda la seguridad mía y la de mi familia en este momento está en riesgo. No tengo ninguna garantía de que no me vayan a asesinar en los próximos días o de que me vaya a ocurrir algo en Colombia, pero yo no soy un cobarde. No voy a huir de Colombia en un avión”, sostuvo Barbosa.
En medio del ambiente crispado, el ente acusador publicó un comunicado en la noche del viernes en donde respondía a los cuestionamientos de la investigación de Guillén.
“En relación con la información presuntamente entregada a un fiscal sobre 200 homicidios que planeaba ejecutar el Clan del Golfo en el departamento del Magdalena, la Fiscalía General de la Nación se permite informar que: 1. El caso con radicado número 110016000088200800056 por hechos ocurridos durante la temporalidad 2008 - 2010 se reasignó el 9 noviembre de 2020 al doctor Daniel Hernández”, encabezaron la misiva.
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Seguido aseguraron que su funcionario había ordenado que se volvieran a escuchar las interceptaciones telefónicas que se había hecho dentro de esa investigación para establecer los hechos concretos y/o presuntos infractores a la ley.
Agregaron que desconocían las copias de unas conversaciones de Whatsapp en que, aparentemente, el investigador del CTI que trabajaba en la misma investigación, le advertía de los reportes de los crímenes que ya se habrían perpetrado pese a que se le había comunicado de los, supuestos, planes para perpetrarlos.
“Los homicidios reportados por el investigador al chat del fiscal Daniel Hernández no hacen parte de las investigaciones que ese servidor adelanta”, indicaron.
Aclararon que los hechos que se investigaban dentro de ese proceso ocurrieron entre 2008 y 2010, por lo que desde ese último año no se hicieron más interceptaciones.
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“La Fiscalía General de la Nación continúa con la indagación. El caso cuenta con seguimiento, impulso y mesas de trabajo a instancias de las dependencias misionales respectivas, a efectos de que se adopte la decisión que en derecho corresponda, de conformidad con la ley y los medios de prueba recaudados”, concluyeron.
El mismo periodista Guillén reaccionó duramente al comunicado del ente acusador, a través de su cuenta oficial de Twitter: “Este panfleto de la banda criminal @FiscaliaCol es un escupitajo en la cara al país y una puñalada trapera a los dolientes de más de 200 homicidios encubiertos por los delincuentes Barbosa, Mancera y el sicario judicial Daniel Hernández (sic)”.
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