Autoridades desarticularon ‘Clan familiar’ señalado de reclutar jóvenes para explotarlas sexualmente

Gracias al trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional se puso en evidencia a un ‘clan familiar’ responsable de captar jóvenes en Manizales, Caldas, con falsas ofertas laborales, las convencían de viajar a Chile para someterlas a tratos inhumanos y explotarlas sexualmente.

Según la información de las autoridades estos se encargaban de tramitar los pasaportes, proporcionaban tiquetes aéreos para trasladarlas de Pereira hasta la capital del país y después de esto enviarlas a Chile donde les retenían los documentos y las ubicaban en casas de genocidio en las ciudades de Osorno, Puerto Montt y Temuco.

A las mujeres les fijaban una deuda que iniciaba en cinco millones de pesos, que constaban de los gastos de los pasajes aéreos, pero estos aumentaban por los gastos de manutención en el territorio extranjero y por multas que les imponían por no acceder a las pretensiones sexuales.

Durante el proceso se obtuvieron 350 audios relacionados a la conducta criminal, también 27 víctimas fueron acreditadas, cuatro de estas entregaron testimonios e indicaron que permanecieron encerradas en inmuebles, hacinadas en habitaciones pequeñas en precarias condiciones de salud. En estos mismos espacios habrían sido obligadas a tener intimidad sexual con hombres que las contactaban por medio de un sitios web.

Los jóvenes manifestaron que se les exigía ser grabadas en vídeo con contenido explícito mostrando sus rostros y este mismo material se usaba para intimidarlas con el fin de que no escaparan, en el entendido de que la estructura ilegal los enviaba a sus familiares para generar vergüenza y a las autoridades migratorias de Chile para que fueran detenidas y expulsadas.

La Fiscalía General recopiló todo el material de evidencia que dio a conocer que la organización nació en el 2019 y que, aunque los contactos se tenían en Colombia y se recibían ahí los dineros de explotación sexual, las víctimas eran trasladadas al exterior.

Proceso de captura y judicialización

Cinco de los siete integrantes de la red que integraban una misma familia, fueron capturados en Manizales y Bogotá, los fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos las presentaron ante jueces de control de garantías y les imputaron distintos delitos según el posible rol que cumplieron.

Los familiares decidieron en unanimidad no aceptar cargos, pero gracias al grueso del material probatorio fueron privados de la libertad. Los capturados responden a los nombres y alias:

Beatriz Elena Marín González, alias Betty, presunta articuladora y encargada de la captación y traslado de las víctimas. Fue imputada por los delitos de trata de personas y lavado de activos. Martha Yolanda Marín González, sería la responsable de recoger las jóvenes en Manizales y acompañarlas a Chile, donde también asumía la administración de los inmuebles en los que permanecían las víctimas. Fue imputada por los delitos de tortura, trata de personas y lavado de activos.

María Lucena González Ríos, madre de las presuntas cabecillas, señalada de recibir giros de Chile y distribuirlos entre los demás integrantes del ‘clan’ para ubicar más víctimas. Fue imputada por los delitos de trata de personas, lavado de activos y concierto para delinquir.

Cristian Javier Marín González, hijo de ‘Betty’ y posible encargado de la selección y traslado de las mujeres y de recibir giros desde territorio chileno. Se le imputaron los delitos de trata de personas, lavado de activos y concierto para delinquir. Jorge Eliecer García Pineda, esposo de Martha Yolanda Marín, relacionado en la recepción de dinero de Chile y de darle apariencia de legalidad, fue imputado por el delito de lavado de activos.

William Javier Aguirre Pinilla y Sindy Lorena Cepeda Salinas, la pareja de esposos serían los encargados de comprar los tiquetes aéreos para trasladar a las jóvenes. Se les imputaron los delitos de trata de personas y concierto para delinquir.