Así se tumbaron casi dos mil millones de pesos “mejorando” escenarios deportivos en Bucaramanga, según la Fiscalía

Tres exfuncionarios de la Gobernación de Santander y un particular fueron acusados por el caso de corrupción que tiene en etapa de juicio al exgobernador Richard Aguilar. Son señalados de direccionar el contrato y destinar alrededor de una sexta parte del valor para el pago de sobornos.

Se trata del contrato de obra 766 para el reforzamiento estructural de los escenarios deportivos de la Villa Olímpica de Bucaramanga, Santander; en el que se encontraron múltiples irregularidades que implican también al contrato de interventoría 1013 de 2015.

De acuerdo con la Fiscalía, el contrato no solo se habría direccionado desde mucho antes de que se conociera públicamente la licitación, sino que además se adicionaron obras que se pagaron y no se realizaron, mientras que la interventora guardó silencio de las múltiples irregularidades.

La Fiscalía acusó a la entonces supervisora, la ingeniera Ana Lucía Wandurraga Ballesteros; al abogado de la Secretaría de Infraestructura, Édgar Fabián Báez Ariza y al asesor jurídico de esa misma dependencia, Sergio Andrés Pitta Rueda, funcionarios de la Gobernación de Aguilar. Así mismo vinculó a Octavio Reyes Sarmiento, el contratista.

“El contrato de obra, con sus prórrogas, tuvo un valor total de 22.000 millones, de los cuales el 16%, al parecer, se comprometió para el pago de dádivas”, señaló la Fiscalía. Es decir que se habrían destinado 4.374 millones de pesos para financiar el andamiaje corrupto alrededor del contrato.

Reyes Sarmiento, según el fiscal delegado durante la audiencia de acusación, se habría apropiado de alrededor de1.889 millones de pesos y el resto se habría utilizado para los pagos irregulares a otras personas. Incluso una parte del anticipo entregado a la Unión Temporal Reforzamiento 2015, como se llamaba el contratista liderado por Reyes, se habría destinado a actividades diferentes a las del contrato.

El fiscal señaló que el direccionamiento del contrato inició mucho antes de la licitación. Según las pruebas que ha obtenido el ente acusador, Báez Ariza le entregó información privilegiada en cuanto al presupuesto y calidades de obra del proceso licitatorio a Reyes Sarmiento antes de que los demás interesados la pudieran conocer.

La información de presupuestos y cantidades de obra, presuntamente, la entregó durante una reunión personal en la que llevó una USB que contenía los documentos. Eso le habría permitido al empresario ajustar su oferta al pliego de condiciones y, al momento de presentarla, ganar de sobra en el proceso de selección.

Pitta Rueda, según la Fiscalía, “sostuvo reuniones previas al desembolso del anticipo con el interventor del contrato Andrés Mauricio Díaz Herrera y con Octavio Reyes Sarmiento para pactar compromisos de dineros a favor del secretario de infraestructura de la época, con el único fin de buscar la autorización para el desembolso del anticipo del adicional del contrato en mención, tarea de la que se encargaría el señor Pitta como intermediario entre los contratistas y el secretario”, narró el delegado.

El asesor jurídico es señalado de obligar al representante de la interventoría Refuerzo 2015, abusando de su cargo, a darle 13 millones de pesos aproximadamente para gestionar ante la entidad el cambio de la modalidad de pago de la interventoría para el contrato de la Villa Olímpica.

Wandurraga no habría velado porque los bienes y recursos se invirtieran adecuadamente como supervisora del contrato. Adicionalmente, se estableció que le habrían reconocido anticipos y adiciones presupuestales por actividades que nunca se realizaron, y por subcontratar a personas y empresas que no participaron en el proyecto, que no fueron advertidas a tiempo.

Por este caso a finales de enero de 2023 se conoció la primera condena que fue sobre Paula Marcela Moreno Martínez, representante legal suplente de la unión temporal favorecida con el contrato, quien aceptó los cargos de falsedad ideológica porque emitió 19 órdenes de pago en favor de subcontratistas para compra de materiales y otras actividades que nunca se ejecutaron, pero que sirvieron para sustentar el desembolso de un millonario anticipo.