Seis años después de la tragedia de Mocoa sus habitantes siguen sin recibir la reparación por parte del Estado, advirtió la Defensoría

Una avalancha, el 31 de marzo de 2017, desencadenó una tragedia en el municipio de Mocoa, Putumayo, la cual dejó más de 330 muertos, 400 heridos y múltiples damnificados y desaparecidos. Seis años han pasado desde ese día y la Defensoría del Pueblo advirtió que las víctimas aún no han recibido el apoyo del Estado colombiano.

Para la entidad del Ministerio Público resulta preocupante que Mocoa aún no cuente con un acueducto que brinde un servicio de manera permanente, a pesar de los más de 25.000 millones de pesos invertidos para su reconstrucción desde 2018.

Asimismo, también preocupa el poco avance en el proceso de construcción y entrega de las viviendas, por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd), toda vez que, de las 1.209 casas proyectadas a construir en 2018, solamente han sido construidas 300 casas en el sector de Sauces I; es decir, un avance del 24% en seis años.

Por otro lado, sobre la construcción del megacolegio, en el sector de Los Sauces, la Defensoría del Pueblo encontró que el plantel educativo aún no cuenta con la debida prestación de servicios públicos para brindar un correcto servicio educativo en la ciudad.

El tema carcelario también presenta debilidades, porque según la entidad, la Administración Municipal y la Ungrd aún no han logrado adquirir un nuevo predio para la nueva Cárcel de Mediana Seguridad en Mocoa. Cabe anotar que, debido a la avalancha, el Inpec ordenó el cierre de la cárcel de la ciudad, la cual albergaba 700 internos, aproximadamente.

Actualmente, Mocoa es la única capital de departamento que no cuenta con un establecimiento carcelario. “Esta situación ha traído serios contratiempos de carácter social, administrativo y judicial”, explicó la Defensoría del Pueblo.

Es importante anotar que en julio de 2022 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca encontró responsables a la Nación, a la Unidad Administrativa para la Gestión del Riesgo y a la Corporación Autónoma del Amazonas por la avalancha en Mocoa.

El Tribunal consideró que hubo varios estudios previos que permitían concluir que existía un riesgo latente, como el Plan de Ordenamiento Territorial, el Convenio Interadministrativo 596, y, sobre todo, las declaraciones del representante a la Cámara, Orlando Guerra de la Rosa, quien en 2015 y 2016 sostuvo: “La capital Mocoa tiene un problema gravísimo, puede haber una catástrofe cualquier día de estos, cualquier noche de estas”.

Por otro lado, el Tribunal estableció que: si bien el juez de primera instancia tenía razón en que, al tratarse de un desastre natural, hay una dificultad para prever el evento, en este caso no fue así, puesto que existía la posibilidad de haber prevenido el desastre.

En su estudio de los seis años después de la tragedia, la Defensoría del Pueblo le hizo un llamado a la Ungrd y al Ministerio de Vivienda, para que, de manera inmediata, se redireccione el proceso de la reconstrucción en la ciudad: “se exijan las obligaciones legales y contractuales a contratistas e interventores y se apliquen, por parte de los órganos de control, las respectivas investigaciones a las que haya lugar”.