“¿Por qué los delincuentes primero?”: Paloma Valencia cuestionó a Gustavo Petro por beneficios que otorgará a mujeres presas

A través de sus redes sociales, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia lanzó una crítica al proyecto del presidente colombiano, Gustavo Petro, de sustituir las penas de prisión de cerca de cinco mil mujeres que fueron condenadas a prisión pero que, a su vez, son madres cabeza de hogar y están en condición de marginalidad. La política cuestionó al jefe de Estado por, según ella, poner siempre a los ‘delincuentes’ como una prioridad.

“Hay miles de mujeres cabeza de hogar en la pobreza, que no han cometido ningún delito, ¿por qué no empezamos con las rentas para ellas? ¿Por qué los delincuentes primero?”, escribió en su cuenta de Twitter, espacio en el que el mandatario colombiano anunció que ya había sancionado la ley que le daría luz verde a esa idea. “5.000 mujeres saldrán de la cárcel 5 días a la semana para cuidar sus hijos. Recibirán una renta ciudadana del Estado para ese fin. Creo que así se construye una mejor sociedad”, explicó Gustavo Petro.

¿En qué consiste la polémica decisión?

Fue el pasado 8 de marzo cuando el jefe del Pacto Histórico sancionó la ley de Acciones Afirmativas, aquel con el que se pretende reducir las penas de mujeres que han sido enviadas a la cárcel por delitos menores, además de ofrecerles otros beneficios. Lo que busca esta idea, explicó el presidente, es que se respeten los vínculos familiares y sociales de las detenidas, así como evitarles ser víctimas de actos de discriminación y estigmatización.

“Si ellas siguen presas y los niños sin su madre, esos niños crecen sin afecto y muchos, en el futuro, se convierten en criminales. Esa es la lógica de la violencia y de la exclusión, una especie de sifón suicida. Pues aquí cortamos esa cadena y que esos niños tengan a su mamá”, comentó el presidente colombiano desde el Chocó, en la misma ceremonia en la que posesionó a la nueva ministra de Educación, Aurora Vergara.

En una entrevista con Caracol Radio, el abogado y defensor de derechos humanos Alex Morales explicó lo que hay detrás de la medida y cómo entraría en vigor en lo que respecta a sus aspectos técnicos. “La decisión de que una mujer sea beneficiada será tomada por un juez de la República, valorando los requisitos, como no haber cometido delitos durante los últimos 5 años, así como que no constituyan un peligro para la sociedad, o tener compromisos para reivindicarse, lo conocido como justicia alternativa. Además, que esté comprobada la pobreza y que el delito fue cometido por factores o motivos económicos”, detalló ante la emisora.

Es de recordar que la ley pasó a sanción presidencial en julio de 2021, sin embargo, fue objetada. En aquel entonces pasó a examen de la Corte Constitucional, entidad que se refirió a la objeción a través de la sentencia C-256 del 6 de julio de 2022. En el documento se rechazaron las objeciones, por lo que se devolvió el texto del proyecto de ley a la Cámara de Representantes. En esa última instancia se remitió el documento, otra vez, a la Presidencia de la República para que fuera sancionado.

“La Corte Constitucional ha dicho que el problema de hacinamiento en las cárceles es un problema de voluntad política (...) se han hecho muchos intentos de reformar, pero el populismo punitivo ha incrementado el hacinamiento y en ese sentido, tenemos a mujeres privadas de la libertad como consecuencia de una economía que ha hecho catarsis en sus hogares, lo que las ha llevado a que cometan ciertos errores o delitos (...) “En el momento de la imposición de la pena y si cumple con los requisitos, no tendrá que ir de inmediato a un establecimiento carcelario, sino que se le puede cambiar la sanción a una pena alternativa”, explicó Morales.