En lo que va del 2023 se han registrado 24 hechos violentos por parte de los cuatro grupos armados que había firmado el cese al fuego

Desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, el Gobierno comenzó a impulsar el proyecto de Pacto Histórico que hoy tiene dos líneas claves: la primera, relacionada con los acuerdos de paz y, la segunda, la ley de sometimiento. En ambos casos, uno de los puntos claves es el cese al fuego y de hostilidades. En un primer momento, el presidente anunció el 31 de diciembre del 2022, que se había llegado a un acuerdo con, al menos, cinco grupos armados. Sin embargo, un informe de la Defensoría del Pueblo, ha señalado que dicho acuerdo no se ha respetado, incluso, cuatro de los cinco grupos siguen incurriendo en violación a los derechos de las comunidades.

De acuerdo con la institución de control, en lo que va del 2023 se han detectado 24 acciones armadas perpetradas por estos grupos y han ido empeorando el último mes: “Desde el 21 de enero al 17 de febrero, las acciones en contra de la población civil no se han detenido. Las zonas del país más afectadas son la región Caribe y el occidente del país por parte de la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas de la Sierra Nevada”, señaló la Defensoría en el documento.

Las características que señala el documento alrededor del actuar de dichas estructuras armadas son: se busca perpetuar la violencia, tiene impactos significativos en la población civil que van desde desplazamientos masivos de comunidades hasta la perpetración de asesinatos y masacres; además, busca el dominio en los territorios y reemplazar el Estado imponiendo normas, regulando la vida cotidiana y perpetuando el miedo.

Además, de las cifras presentadas por la Defensoría, como mencionó la revista Cambio, pese al intento por lograr que su cumpla el cese firmado, la realidad es que ya pasados dos meses del año hasta hoy no se ha consolidado el mecanismo de verificación y no hay pruebas de que los grupos hayan firmado el documento.

En el caso del primero, se señala que cada dos meses el mecanismo tendría la tarea de elaborar un documento que dé cuenta del proceso y sus resultados tanto positivos como negativos, pero hasta la fecha no existe; por tanto, tampoco, una versión oficial de lo que está pasando y que tan comprometidos están los grupos armados. Aunque cabe aclarar que hace poco salió el ministro del Interior, Alfonso Prada, señalando que las masacres que se redujeron en un 50% tras la firma de dichos decretos de cese. Sin embargo, las cifras presentadas por Indepaz y otras organizaciones muestran que este tipo de violencia está en los mismos niveles del 2022.

En este sentido, los mismos funcionarios del Estado como lo es Iván Velásquez y Danilo Rueda han mencionado el incumplimiento por parte de los grupos armados en algunas zonas, pero hasta la fecha no se ha tomado las medidas necesarias. Fuentes de las Fuerzas Armadas citadas por la revista señalan que la preocupación es latente con la falta de garantías.

“Todos los días estamos cumpliendo con las operaciones de control, pero diariamente se presentan hechos que muestran una falta de compromiso de las organizaciones ilegales”, puntualizó la fuente anónima.

Por ahora el Gobierno Petro sigue adelante con las mesas del ELN, las negociaciones con las disidencias, pese a la oposición que ha recibido por el posible estatus político que se les daría a estos grupos y con la ley de sometimiento que ha sido retroalimentadas en varios momentos por el fiscal Francisco Barbosa.