Más de 150 internos habrían muerto en un año en el interior de la cárcel La Picota en Bogotá

En el 2020 se presentó una tutela presentada por 36 privados de la libertad en las que denunciaban las malas condiciones en la cárcel de La Picota, Bogotá. Ahora, la Corte Constitucional volvió a alertar sobre la crisis de hacinamiento que sufre el centro penitenciario.

Los problemas empezaron desde la pandemia de covid-19, pues los detenidos resaltaron que no se habían implementado las medidas que fueron ordenadas por el Gobierno nacional: deplorables condiciones de infraestructura en la cárcel, posibles actos de corrupción, falta de duchas, baños y lugares para sentarse en el día, falta de limpieza y de medidas de prevención sobre el covid, entre otros.

La demanda mencionaba que: “Adujeron que no hay condiciones mínimas de bioseguridad, agua potable para bañarse las manos de manera regular, tapabocas, desinfectantes, antibacteriales, ni las mínimas medidas sanitarias. Indicaron que en las cárceles del país no se tomaron medidas preventivas, ni de fondo para evitar una tragedia”, resaltó.

Ante los reclamos, las autoridades de esta prisión confirmaron que del 1 de marzo del 2020 al 28 de mayo del 2021 se reportaron 154 muertes y 51 fugas. Luego de las medidas tomadas por La Picota, en el 2021 se reportaron 13.260 personas bajo su custodia, de las cuales 7.042 estaban en intramuros, 6.188 en extramuros, 16 en escuelas y 14 presentaron novedades.

De igual manera, la prisión confirmó para ese momento que la estructura 1, la cual contaba con una capacidad para 1.740 personas, tenía 3.345 personas privadas de la libertad, por lo que en ese edificio había un hacinamiento del 92.30 %.

Con ponencia del magistrado Jorge Ibáñez, recordó que ya el alto tribunal ha dictado órdenes para superar las fallas estructurales de las prisiones en el país, pues según la declaratoria de Estado de Cosas Inconstitucional ya se ha hecho en tres oportunidades. “En ese sentido, la acotación de la Defensoría del Pueblo sobre la situación de confinamiento de los reclusos ha de ser atendida”, dijo la Corte.

Además, señaló que si bien el hacinamiento ha disminuido considerablemente, esta situación sigue siendo preocupante.

El alto tribunal ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), y a la Dirección del establecimiento de reclusión “que adelanten las investigaciones disciplinarias a que haya lugar con la ocasión de las presuntas irregularidades en el proceso de asignación de celdas, y supuestos maltratos en el establecimiento penitenciario y carcelario”.

Por otra parte, la tutela denunció la producción y entrega de alimentación sin las mínimas condiciones de higiene, salubridad, calidad y cantidad. Con respecto al tema, el prestador del servicio pronunció que, aparentemente, cuando se entregan las raciones al contratista, estas son objeto de saqueos y hurtos internos.

”Es claro que la principal afectación a las cantidades de las porciones de alimentos recibidas por la PPL se materializa en la problemática generada desde el momento que estas son liberadas por este operador en el servicio de alimentos hasta el punto de distribución o entrega final a los internos, pues es en este lapso donde las raciones están expuestas a saqueos por parte de terceros ajenos al servicio y en donde brilla por su ausencia la seguridad brindada por la guardia del establecimiento”, dijo la empresa.

Los magistrados de la Sala de revisión, enviaron copias del caso a la Fiscalía General de la Nación para que inicie las investigaciones penales pertinentes sobre supuestos malos tratos y obstáculos de funcionarios para la distribución de los alimentos.

Además, “ordenará al INPEC que inicie las investigaciones disciplinarias pertinentes respecto a las presuntas obstaculizaciones en el proceso de distribución de los alimentos a los privados de la libertad”.