
El subsecretario de la oficina de narcóticos y seguridad del Departamento de Estado de Estados Unidos, Todd D. Robinson, manifestó que la preocupación del Gobierno de Joe Biden sigue latente, en especial por el incremento en el registro de fallecimientos a causa de sobredosis por cocaína en este país de Norteamérica.
Antes, las políticas de erradicación de cultivos de cocaína del Gobierno estadounidense en relación con Colombia, se ejecutaban con mayor facilidad.
El sistema tradicional de fumigación con glifosato y químicos de alto riesgo para la fertilidad de la tierra - que además atenta contra la salud de los habitantes de estos territorios - no hace parte del programa del actual jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro, por lo que afectaría los objetivos del Gobierno estadounidense en esta materia.
Desde la posesión como presidente, el mandatario colombiano ha manifestado que la lucha contra las drogas ha sido un rotundo fracaso, que ha servido para fortalecer a las mafias y “debilitar a los Estados”. Bajo esta premisa, el mandatario de izquierda propuso la nueva política de sustitución de cultivos ilícitos de manera voluntaria.
Estas decisiones han generado preocupación para el Gobierno del país norteamericano, por el incremento en la producción de la pasta de coca y la exportación de este producto a su país, razones suficientes para querer renegociar con Colombia y plantear medidas conjuntas que eviten el crecimiento del narcotráfico en la región.
“Estamos preocupados por la cantidad de cocaína que está entrando a Estados Unidos, yo creo que es algo de lo que nosotros tenemos que negociar con el Gobierno”, indico D. Robinson, el 15 de febrero de 2023 desde la capital de Estados Unidos.
“Es evidente que el Gobierno tiene sus ideas sobre la erradicación, nos han dicho que no van a hacer nada sin negociar, sin hablar nada sobre el tema, vamos a seguir trabajando, todavía tenemos un plan de erradicación”, aseguró el diplomático encargado de los asuntos de drogas y seguridad de ese país.
Pese a las intenciones del Gobierno de Joe Biden, el presidente Gustavo Petro se mantiene firme con los ideales de erradicación que plantea desde su administración, inclusive al inicio del 2023, planteó la posibilidad de industrializar las zonas de cultivo de coca para que los campesinos que viven de su producción puedan sustituirlo por otros productos como la yuca.
Para lograrlo, el jefe de Estado anunció que estas regiones serán priorizadas en el plan de industrialización del campo, pero esta transición debe garantizar un ingreso mínimo que realmente motive a los campesinos a reemplazar estas actividades, “ninguna familia campesina abandona el ilícito al que se está arriesgando hasta que no le garanticemos otras fuentes de ingresos. Esa tarea significa que la única manera de hacerlo es industrializando los procesos”, indicó, Felipe Tascón, director Nacional de la Dirección de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito.
El panorama no parece tan sencillo, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), concluyó que los cultivos ilícitos en Colombia incrementaron cerca del 43% al pasar de 143.000 hectáreas en 2020 a 204.000 en 2021, cifras que entregó esta organización en el último informe, entregado en el tercer trimestre de 2022.
Pese a esta situación, Gustavo Petro se mantiene firme en que los ideales del autodenominado “Gobierno del cambio”, no van de la mano de las tradicionales estrategias de erradicación.
Extradición a Estados Unidos
Otra de las preocupaciones que manifestó el Gobierno norteamericano es acerca de la extradición de los criminales a las cárceles de este país. Todd Robinson aseguró que de no negociarse este punto con el actual Gobierno de Colombia, se corre el riesgo de que el narcotráfico siga en aumento, “vamos a seguir pidiendo la extradición y negociar el tema con el gobierno”, aseguró el político estadounidense.
Precisamente, sobre las políticas de extradición del Gobierno actual, está en curso un nuevo trámite legislativo que podría incluir a los narcotraficantes en procesos judiciales en los que no sería obligatorio pagar la condena en el país norteamericano, todo esto, a cambio de entregar bienes y acogerse a procesos legales a través de la ley de sometimiento.
Ante esta situación, que también ha sido polémica, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, indicó que esta ley no afectará la política de extradición vigente, y que seguirá trabajando por la misma línea del fiscal Franciso Barbosa.
Estados Unidos reportó que cerca del 90% de la cocaína incautada en ese país proviene de Colombia, y que más de 70.000 personas fallecen por sobredosis al año.
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