Paloma Valencia denunció que funcionarios de las notarias tendrían permiso para apoyar las marchas a favor de Petro

El país se prepara para dos días de marchas, unas a favor del Gobierno nacional y otras, impulsadas por la oposición, por las inconformidades que ha dejado el mandato de Gustavo Petro. A un día del comienzo de la manifestaciones, la senadora Paloma Valencia, a través de su cuenta de Twitter @PalomaValenciaL, denunció que la Supernotariado autorizó la salida de sus funcionarios y contratistas para asistir a las manifestaciones a favor del Gobierno del martes 14 de febrero de 2023.

Según la información compartida por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia. en una circular enviada el lunes 13 de febrero de 2023, por la Superintendencia de Notariado y Registro se autorizó a los funcionarios que soliciten permiso, por escrito o de manera verbal, a asistir a las manifestaciones del 14 de febrero.

Esto, según la circular 45, se da en “aras de garantizar el ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública pacífica” y, por tal motivo, los directivos registradores de instrumentos públicos y directivos regionales de la Supernotariado autorizarán la salida de funcionarios y contratistas a partir de las 12 horas del 14 de febrero de 2023.

Para sustentar la autorización, en la circular se lee que como lo establece en el artículo 28 del Decreto 2723 de 2014, a la Secretaría General de la Superintendencia le corresponde coordinar las acciones para el cumplimiento de las políticas de la entidad.

Sobre la circular, la senadora Valencia aseguró que el apoyo a las marchas programadas por el Gobierno nacional correspondería a funcionarios a los que se les autorizará la salida solo para el día 14 de febrero, por lo que comentó que el asistir a la manifestación se daría en calidad de obligación para que los funcionarios y contratistas puedan mantener los cargos y contratos.

“Entonces, las marchas de Petro son de funcionarios a los que se les da permisos que más parecen obligaciones para mantener los cargos y los contratos. Que vergüenza”.

Sobre las marchas anunciadas por el Gobierno nacional, el representante a la Cámara Jose Jaime Uscátegui publicó un video en la plataforma Twitter en el que comentó que radicó una carta para que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, haga públicas las cifras que se ha gastado el Gobierno en los preparativos de la movilización.

“Miren todo el despliegue que está haciendo Petro para la marcha de mañana 14, marcha de Gobierno convocada con recursos públicos. Hoy estamos radicando una carta para que el presidente y el DAPRE nos diga cuánto han gastado en tarimas, sillas, sonido, cuñas radiales, cuñas de televisión”.

El representante Uscátegui también aseguró que por parte del Gobierno nacional se violaron los derechos de la oposición al cambiar de manera unilateral la fecha de la manifestación en contra de las políticas de Gustavo Petro, que fue programada en un principio para el martes 14 de febrero de 2023.

“Esto es una violación a los derechos de la oposición política en Colombia que ya había convocado inicialmente para el 14, y que se vio obligada a convocar para el 15 de febrero, un día después”.

Para José Jaime, lo que hizo el Gobierno es una clara violación a los derechos de la oposición, por lo que en los próximos días hará llegar una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque, según el representante, están en riesgo los derechos de los todos los colombianos.

“Vamos a enviarle una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque aquí está en riesgo la oposición política en Colombia, las libertades y los derechos de todos los ciudadanos”.

Por último, el representante Josú Jaime Uscátegui le recordó al presidente Gustavo Petro que él es mandatario de todos los colombianos, por lo que debe garantizar los derechos de todos por igual.

“A Petro hay que recordarle que él no es el presidente de una manada de vándalos, él es el presidente de todos los colombianos y nos tiene que garantizar los derechos de todos los colombianos por igual”.