Así avanzan las bandas delincuenciales de Medellín en su proceso de sometimiento a la justicia

El proceso de paz urbana en Medellín estaría cerca de pasar a una segunda fase en la búsqueda por el sometimiento de 12 bandas y estructuras criminales que tienen presencia en la ciudad. Facilitadores de esas organizaciones sostuvieron una reunión en la que manifestaron su voluntad de continuar el proceso.

El 13 de febrero, siete facilitadores de las estructuras armadas viajaron a Bogotá y sostuvieron una reunión con el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, su equipo y un senador. El encuentro dio como resultado la disposición de los grupos criminales para pasar de la fase exploratoria a lo que ha sido denominado como “fase dialógica”.

“Con el apoyo de varias instituciones universitarias, se acordó el desarrollo de foros urbanos para discutir las transformaciones sociales necesarias para la construcción en paz en los territorios, que contarán con la participación de amplios sectores de la ciudadanía y sectores sociales, económicos, políticos e institucionales”, señaló la OACP.

En esos foros, se busca discutir sobre los derechos de las víctimas, las garantías de no repetición y las transformaciones urbanas. “El Gobierno nacional, apegándose a sus facultades constitucionales, seguirá adoptando las medidas necesarias para garantizar una segunda fase, donde se geste una conversación sobre los derechos sociales de todos los jóvenes de las zonas afectadas por la violencia urbana y de los integrantes de estas estructuras armadas, para así concretar su transición al Estado de derecho con transformaciones territoriales”, señaló al Oficina para la Paz.

Otro de los avances del encuentro con los facilitadores de paz que representan a las bandas con presencia en Medellín, es que “los asuntos tendientes a la rendición de cuentas serán atendidos por los mecanismos de justicia ordinaria que apruebe el Congreso de la República y la Corte Constitucional”.

Es decir, que su sometimiento se daría bajo la ley que presente el Gobierno nacional y expida el Congreso, que se encuentra próxima a ser radicada, pues de esta dependerán los acercamientos con los grupos alzados en armas que no tienen reconocimiento político para negociar la paz.

Ese proyecto está a cargo del ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien anunció que ya tiene un borrador de un texto prácticamente listo, que será presentado al presidente Gustavo Petro en la reunión del gabinete. El mandatario deberá analizarlo y aprobarlo para que sea presentado finalmente al Congreso.

“Los puntos esenciales son desmantelamiento de las estructuras criminales de alto impacto, las bandas, cárcel efectiva para estas personas, un tratamiento con menos tiempo de privación pero efectiva en la cárcel, justicia ordinaria y compromisos de entregar información, reparar a las víctimas, entregar sus bienes y sobre todo desmantelar a las bandas”, explicó el ministro Osuna en el noticiero oficial del gobierno, Colombia Hoy.

El ministro de Justicia aclaró que el proyecto está destinado a aquellos grupos criminales que no tienen ninguna connotación política, “entiéndase Clan del Golfo, Sierra Nevada, oficinas, ese tipo de estructuras criminales que se han nutrido de negocios ilícitos y que lamentablemente han afectado la convivencia en muchos lugares del país y eso nos lleva a hacerles esta oferta. O la toman o la fuerza pública también actuará”, señaló Osuna.

Los acercamientos con estas organizaciones del Valle de Aburrá con incidencia en la zona urbana vienen desde hace más de cinco meses, inicialmente a través de un proceso de generación de confianza. Una comunicación secreta, con testigos internacionales y mecanismos de verificación para evitar engaños, trampas, entre otros compromisos.

La OACP había señalado que el propósito de los acercamientos era llegar a un Espacio de Conversación Sociojurídica que se daría bajo las condiciones institucionales. Una vez se estableciera ese proceso con una hoja de ruta definida, se haría público el proceso.

Hasta el momento no se conoce cuáles son las bandas delincuenciales que están en proceso con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, pero se especula que incluiría a la llamada Oficina de Envigado.