Suspensión de la Procuraduría al presidente de la SAE: qué es la Triple A y qué fue lo que originó la sanción al funcionario del gobierno de Petro

La Procuraduría General de la Nación, a través de un documento de 26 páginas, expuso las razones que tenía para tomar la decisión de suspender de su cargo, por tres meses, a Daniel Rojas, presidente de la SAE (Sociedad de Activos Especiales). El funcionario, que además se enfrenta a una investigación por parte de ese organismo, salió de su posición, temporalmente, por el caso de la empresa barranquillera de acueducto, alcantarillado y aseo Triple A.

De acuerdo con lo que explicó el viceprocurador, Silvano Gómez, Daniel Rojas sería el responsable de irregularidades cometidas en la transferencia del 82,16 por ciento de acciones que la SAE maneja en la Triple A a la empresa K-yena. Esta cifra no fue asignada a pesar de que se había pactado el trato en un acuerdo de compraventa. Esto, detalla el órgano de control, habría vulnerado el principio de buena fe contractual.

A pesar de lo que manifiesta la Procuraduría, el mismo Rojas ha explicado lo que hay detrás de los supuestos hechos irregulares. El director de la SAE argumentó que no hizo la transferencia de las 60′376.624 acciones porque no quería hacerlo sin antes calcular el valor de las mismas. Según dijo, con este estudio pretendía comprobar o desmentir sus sospechas respecto a que las acciones podrían costar mucho más del valor inicial por el que fueron negociadas. Su objetivo, argumentó, era evitar un detrimento patrimonial.

Daniel Rojas ya había explicado esto. En una entrevista con el diario nacional, El Tiempo, dijo: “Nosotros solicitamos apoyo técnico a quienes saben de servicios públicos, y es la Superintendencia de Servicios Públicos. Lo que acordamos con ellos fue avaluar Triple A, y ellos cuentan con todos los datos que ninguna empresa valoradora tiene, y encuentra que esa empresa vale 2,4 billones de pesos en un escenario conservador. Lo que a nosotros nos indica que puede haber un indicio de detrimento patrimonial, en tanto el negocio se hizo por 500.000 millones de pesos”.

Dentro del caso también se expone el supuesto cobro de una cláusula penal que alcanza los 59.000 millones de pesos, esto debido a que no se entregó lo prometido a K-yena. La Procuraduría insiste en que la SAE no contaba con el permiso de suspender lo pactado.

Además de José Daniel Rojas, serán sometidos a investigación Sebastián Caballero Ortega, vicepresidente jurídico de la SAE; Jairo Alonso Bautista, vicepresidente de Sociedades de la SAE y Dagoberto Quiroga Collazos, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.

El presidente de la República, Gustavo Petro, cuestionó la decisión de la Procuraduría y envió un mensaje a Rojas. “Mi solidaridad con Daniel. El que encontró la corrupción en la SAE y en la triple A, ahora es suspendido por los órganos de control que hace mucho debieron haber descubierto la corrupción en al SAE con los bienes del narcotráfico y en la triple A”, manifestó el mandatario.

“¿Qué es lo que estamos viendo ante nosotros solo en este hecho? Es el primer campanazo, apenas; es el primer paso que han dado para intentar que no hagamos lo que prometimos en la plaza pública, y por lo cual 11 millones y medio de poderosos votantes, hombres y mujeres y jóvenes y viejos decidieron que era el momento de hacer el cambio en Colombia”, dijo el jefe de Estado desde el municipio de San Benito Abad, en Sucre, en donde estuvo con su equipo de trabajo entregando 490 hectáreas de tierras que estaban en poder de la SAE a familias campesinas.

Previamente, Rojas había comentado que era necesario para la comunidad mantenerse unida, pues, según él, “hay una élite que odia que le quitemos las tierras a los mafiosos y se las demos a los campesinos, odia que garanticemos el derecho a salud porque lo hicieron su negocio”.