Francisco Barbosa le respondió al ministro de Defensa por el cierre de la Fiscalía en Tarazá

A través de un fuerte pronunciamiento, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, contestó al ministro de Defensa, Iván Velásquez, sobre el anuncio entregado por el director del órgano de control fiscal de cerrar la oficina de esta entidad ubicada en Tarazá, Antioquia.

Sobre esto, el jefe de la cartera aseguró que esa determinación fue apresurada, pues aún el funcionario “no ha pedido, ni siquiera, ni lo hizo de manera inmediata, a las Fuerzas Armadas, la seguridad para que se mantuviera la Fiscalía en ese municipio. Me parece que era la manera más adecuada”. Esto por el riesgo que corrían los fiscales delegados en esa seccional y por el reciente secuestro de tres funcionarios en ese municipio.

En ese sentido, el fiscal Barbosa manifestó que ya se le había advertido al ministro Velásquez sobre las declaraciones de sus trabajadores y enfatizó en que “se están haciendo los actos urgentes, las declaraciones, se van a tomar las declaraciones de quienes estaban al mando en esa región del país”.

De paso, detalló cómo ocurrieron los hechos: “los fiscales fueron abordados por personas en motos, sin placas, y fueron llevados hasta taraza y, efectivamente, pasaron por controles militares, todos esos aspectos tendrán que ser investigados”. Describió que estos funcionarios estuvieron retenidos y que uno de los captores se identificó como alias Gonzalito, jefe de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia —Clan del Golfo—, grupo que, por cierto, pactó un cese al fuego bilateral con el Gobierno nacional desde el 31 de diciembre del año pasado.

Previamente, la cabeza del organismo judicial denunció que los funcionarios secuestrados “los pasaron por tres puestos de control del Ejército y la Policía, quienes no realizaron ninguna acción preventiva para garantizar la seguridad y el orden público de esa zona”.

Vale mencionar que en su declaración, el ministro de Defensa reconoció que hubo un error por parte de la fuerza pública en ese lugar, pero reiteró que el fiscal debía “asegurarse con las Fuerzas Armadas”. “Ocurrió un hecho sorpresivo, reprochable, que también para las Fuerzas Armadas resulta muy muy cuestionable, pero producido ese hecho, creo que la solución no era el retiro de los fiscales, sino asegurarse con las fuerzas armadas que son la garantía también de seguridad de nuestra nación”, manifestó.

El general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército Nacional, indicó que para el momento en que se presentó el secuestro, los uniformados no estaban realizando retenes militares en esa zona. Incluso comunicó que ni siquiera se estaban abordando vehículos para revisarlos.

“Los retenes militares incluyen, en ocasiones, al CTI, a la Fiscalía, a la Policía como tal, porque nosotros no tenemos funciones de policía judicial. Para este caso correspondía retenes de presencia militar y presencia en garantía de los activos estratégicos, lo que indica que no reteníamos o no hacíamos que parara ningún vehículo”.

Por ello, el ministro le hizo un fuerte llamado a la fuerza pública tras este caso y sentenció que ocurrió un hecho sorpresivo y reprochable “que también para las Fuerzas Armadas resulta muy cuestionable e inaceptable, pero creo que ocurrido ese hecho, la solución no era el retiro de los Fiscales, sino asegurarse” con la intervención de las Fuerzas Militares.

De otro lado, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, designó a una delegada para la fuerza pública las pesquisas correspondientes y, de paso, le ordenó a la delegada en asuntos penales constituir una agencia especial para intervenir en el proceso penal por los hechos.