
En las últimas horas se conoció la carta que le envió Éver Veloza, alias ‘HH’, a las víctimas de la Unión Patriótica donde manifiesta su deseo para encontrar a los responsables del exterminio de ese partido de izquierda y que, recientemente, fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“Me veo en la obligación moral de expresar mi profundo respeto por todas y cada una de las víctimas, mi vergüenza y remordimiento por el papel que jugué en ese plan de aniquilamiento y mi absoluta convicción de trabajar el resto de mis días para resarcir ese daño irreparable y para velar porque esto nunca más se repita”, señaló HH, desde la cárcel de Itaguí, donde está recluido.
La misiva, que fue conocida por la emisora W Radio, también recoge la sentida declaración del sujeto en la dice que ayudará a revelar a los demás participantes en acabar con esa colectividad que hoy resurge junto a la coalición de Gobierno, Pacto Histórico.

Es más, en su carta, el sujeto le pide a varias congresistas de la Unión Patriótica que le permitan acompañarlas en procesos que ayuden con la reivindicación de esa colectividad que sufrió secuestros, asesinatos y persecución política: “Quiero solicitarles públicamente que me permitan llevar a cabo mi sanción restaurativa con ustedes -judicial o extrajudicial-, trabajar de su mano, conocerles, saber cuál es su proyecto de país, ese por el cual muchos dieron sus vidas o, para ser más precisos, el proyecto por el cual se las quitamos”, afirmó ‘HH’.
Inclusive, dijo que está dispuesto a recibir asesorías de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, y así contribuir con paz de Colombia ayudando a uno de los partidos que más sufrió el flagelo del conflicto armado en Colombia.
Sobre la condena de la Corte IDH
El tribunal, con sede en San José de Costa Rica, recordó que la UP, como consecuencia de su rápido ascenso en la política nacional y, en especial, en algunas regiones de tradicional presencia guerrillera, surgió una alianza entre grupos paramilitares, con sectores de la política tradicional, de las Fuerzas Armadas y empresarios para contrarrestar a la UP.
El tribunal sostuvo que la persecución y el consecuente exterminio del grupo político se hizo a través de acciones sistemáticas como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros.
La condena obliga al Estado de Colombia a indemnizar a las víctimas o a sus familias, además de continuar las investigaciones que permitan identificar y castigar a los responsables.
Los actos de violencia constituyeron parte de un plan de exterminio sistemático contra la Unión Patriótica, sus miembros y militantes, los cuales contaron con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad, agregó la corte.
Para el tribunal, las investigaciones sobre esos hechos de violencia no fueron efectivas y se caracterizaron por altos índices de impunidad que operaron como formas de tolerancia por parte de las autoridades.
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