El concejal de Bogotá Leandro Castellanos, durante la sesión plenaria del viernes 20 de marzo de 2026, expuso que recibió denuncias sobre un presunto caso de acoso laboral sistemático dentro del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) que habría afectado “gravemente” a varios funcionarios de la entidad.
El escándalo incluyó, según la versión del cabildante, posibles represalias e irregularidades que involucrarían a altos funcionarios de la entidad, cuyas prácticas, incluso habrían afectado la integridad física y mental de algunos trabajadores.
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“Lo que está ocurriendo en el Idrd es gravísimo. No solo hablamos de acoso laboral, sino de posibles actos de encubrimiento, eliminación de pruebas y una institucionalidad que estaría fallando en proteger a sus funcionarios. Bogotá merece respuestas y acciones inmediatas”, dijo.
De acuerdo con los detalles que presentó Castellanos, desde 2024 diversos funcionarios denunciaron conductas reiteradas de posible acoso laboral y abuso de autoridad por parte de Hugo Cortés, jefe de la Oficina de Asuntos Locales del Idrd. Entre los hechos denunciados figuran “acoso laboral reiterado y abuso de autoridad, extralimitación de funciones y conflictos de interés, ambiente laboral hostil, marcado por presiones, atropellos y persecución, amenazas y traslados arbitrarios contra quienes decidieron denunciar”.
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Según los testimonios, el ambiente dentro del instituto se habría tornado hostil y habría agudizado el malestar en la salud mental de los trabajadores afectados.
Castellanos señaló que uno de los elementos de la denuncia “más graves” es la supuesta eliminación del audio de una reunión del Comité de Convivencia Laboral del Idrd, en la que se discutieron pruebas fundamentales para esclarecer los hechos.
La posible desaparición de ese registro, según el servidor bogotano, despertó inquietudes sobre la transparencia de los procesos internos y las garantías para las personas afectadas que debieron implementarse.
Una de las trabajadoras intentó atentar contra su integridad
Al contrario, sostuvo que lejos de atender las denuncias y proteger a los afectados, la entidad habría adoptado medidas que profundizaron el problema. Algunos denunciantes fueron trasladados o removidos de sus puestos y persistió un ambiente de temor y retaliación.
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El concejal publicó una fotografía de la radicación de una solicitud ante las autoridades, que fue tramitada el 13 de mayo de 2025. Los hechos habrían ocurrido desde febrero de 2024 y la queja al Comité de Convivencia del Idrd fue interpuesta el 27 de septiembre de 2025.
Entre las consecuencias más preocupantes del caso, Castellanos conoció que una funcionaria habría intentado atentar contra su vida tras verse sometida a presiones y deterioro emocional en el entorno laboral. En el registro de la prueba que mostró el concejal se leyó que la víctima “se encuentra medicada sin que tenga una solución efectiva a la fecha, por lo que acudimos a las entidades externas en el entendido que no contamos con garantías dentro de la entidad para solucionar los hechos de atención urgente”.
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Confirmó que el caso ya fue puesto en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y de otras entidades de control, que deberán adelantar las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades.
También solicitó la “apertura inmediata de investigaciones disciplinarias y administrativas, la protección integral de los denunciantes, una revisión exhaustiva sobre el manejo de pruebas y actuaciones internas”, así como decisiones en torno a la permanencia del funcionario señalado.
Del mismo modo, exigió “garantías reales y protección para los denunciantes y medidas urgentes para salvaguardar la vida, integridad y salud mental de los funcionarios”.
Los organismos de control deberán establecer si existió alguna obstrucción a los procesos internos y si se garantizaron los derechos de los trabajadores.
Hasta el momento, desde el Idrdr no se ha conocido una respuesta oficial y pública sobre los hechos expuestos ante el Concejo de Bogotá.
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