El derrumbe en Rosas, Cauca, afectó a más de 700 personas de siete veredas y el Gobierno nacional dispuso una serie de medidas para atender la emergencia. La Defensoría del Pueblo indicó que el sufrimiento de la población no solo se limitó a las personas aledañas al territorio, sino también a los migrantes que pasan por esa zona.
“Hemos descubierto que los migrantes venezolanos y haitianos están corriendo grandes riesgos al tener que cambiar sus rutas en el sur del país”, advirtió el defensor del Pueblo, Carlos Camargo. Después del deslizamiento, esta población ha tomado vías alternas en mal estado, “por pasos no formales que cruzan zonas de desastre” o con presencia de grupos armados ilegales.
El desastre natural —que sucedió el 9 de enero— generó que se taponara la Vía Panamericana, que está entre Popayán (Cauca) y Pasto (Nariño). Si bien la situación generó un problema de desabastecimiento en los dos departamentos, el ente de control detectó que también afectó a la población migrante que tiene una necesidad de protección internacional.
“Hay mayor vulnerabilidad por los tipos de transporte que usan, porque no tienen alimentos y no cuentan con albergues”, precisó la Defensoría a través de un comunicado de prensa. Esas circunstancias afectan principalmente a los niños, niñas y adolescentes que hacen parte de los grupos de migrantes venezolanos y haitianos.
Por esa razón, la entidad solicitó que se impulse una respuesta institucional que atienda esa problemática de las personas que viajan por el departamento para que “puedan acceder, en condiciones de igualdad y sin discriminación, a los servicios y recursos humanitarios disponibles”. La petición la dirigió al Ministerio del Interior, la Cancillería, la Gobernación del Cauca y Migración Colombia.
Las afectaciones a los campesinos
El ente de control ha realizado varios encuentros con la comunidad caucana y constató cuáles son las afectaciones de los campesinos tras la emergencia. De acuerdo con el Registro Único de Damnificados (RUD), hubo 222 familias damnificadas, es decir, 622 personas, junto con 72 viviendas destruidas, 117 no habitables y ocho averiadas.
En el informe señaló que hay “múltiples pérdidas agropecuarias y la destrucción de las instalaciones de la institución educativa Alfonso Córdoba”, tanto en la sede principal como dos zonas de educación primaria. La situación afecta el derecho a la educación de 109 niños y niñas.
“Se conocieron las afectaciones en las veredas que están incomunicadas como Bello Horizonte, Golondrinas, Peña Blanca, Párraga Viejo, La Florida, Lomabajo, El Jigual, Pinzón, El Retiro, El Berlín, El Retiro, Bella Vista, Párraga y Pan de azúcar”, sostuvo la Defensoría. De esos sitios hay un censo preliminar de 992 familias, es decir, de 2.499 personas.
Teniendo en cuenta esos daños, la entidad exhortó a mantener una respuesta estatal coordinada, “no solo sectorialmente, sino entre los diferentes niveles de gobiernos nacional, departamental y municipales”. Para el ente de control, las acciones que se realicen con ese enfoque permitirán que se continúe prestando la ayuda humanitaria de emergencia y se garantice “el derecho a la participación de los damnificados en la fase de recuperación y/o reubicación”.
De hecho, desde que se conoció el derrumbe, el presidente Gustavo Petro anunció un plan para comprar tierras aledañas y así reubicar a las familias afectadas. El primer mandatario manifestó que la población sería recompensada “con más tierras de las que tenían hoy”, pues contarían con media hectárea por familia, que sería utilizada para “producir alimentos con ayuda del Estado y a lograr que sus nuevas viviendas tengan los niveles de dignidad que necesitan”.
La compra de terrenos está amparada en la Ley 1523 del 2012 y tendrá varios beneficios para la población civil. El líder progresista comentó que la zona campesina contará con “una infraestructura urbana que incluirá escuela, centro de salud y estará cerca a los mercados de los productos que se produzcan”, para que tengan mejores condiciones de vida.
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