En relación al seguimiento preventivo que la Procuraduría General de la Nación realiza al Programa de Alimentación Escolar (PAE) para la vigencia en el 2023, el ente de control señaló que de las 97 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) responsables de suministrar el servicio, 60 ya comenzaron con el calendario académico y 15 de estas, no se garantizó desde el primer día del calendario escolar, el complemento alimentario de los beneficiarios en las instituciones educativas oficiales.
De acuerdo al informe de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar UAPA, el Ministerio Público conoció el reporte de los retrasos en los municipios de La Estrella, Valledupar, Quibdó, Lorica, Facatativá, Neiva, Armenia, Santa Marta, Buenaventura, para el inicio de prestación del servicio y puesta en marcha del Programa de Alimentación Escolar.
El ente de control referenció su preocupación por casos como el de Sucre, donde la Gobernación adjudicará el contrato hasta el 15 de marzo de 2023, y situaciones como la de Yopal, entidad territorial que deberá iniciar un nuevo proceso por una declaratoria de desierto que se encontraba en curso.
El Ministerio Público también precisó que, de acuerdo con el informe, en los departamentos de Antioquia, Cauca y Chocó, el inicio del PAE se realizó de manera parcial y en el caso de Caquetá, Córdoba, Guaviare, Sucre y Quindío, no se reportó el inicio de operación para la prestación del servicio, poniendo en riesgo que niños, niñas y adolescentes reciban oportunamente y con calidad, las raciones alimentarias que requieren para garantizar su acceso y permanencia en el sistema escolar.
El pasado 27 de enero el ente de control pidió ejercer el poder disciplinario preferente sobre la investigación que adelanta la Personería de Medellín por presuntas irregularidades contractuales en el PAE y Buen Comienzo en la capital de Antioquia.
Las posibles actuaciones irregulares de funcionarios por determinar de la Alcaldía de Medellín están relacionadas con la celebración de contratos para la vigencia de 2020, entregados a la corporación Colombia Avanza por aproximadamente $20.000 millones, en los que, al parecer, hubo un incremento de precios de 35% a 52%.
A su vez, la Procuraduría General de la Nación, a través de los procuradores territoriales y judiciales, continuará la vigilancia a la prestación del Programa de Alimentación Escolar, recordándole a los alcaldes y gobernadores, que deben cumplir estrictamente con lo señalado en la Directiva 019 de 2022 expedida por el ente de control.
Competencias de la Procuraduría frente al Programa de Alimentación Escolar
Dentro de la Constitución Política Colombiana, en los artículos 277 y 278 se asigna las funciones generales al procurador General de la Nación, como supremo director del Ministerio Público, para que sean realizadas directamente, por sí mismo, o por sus delegados y agentes (artículo 278).
Así mismo para la legislación colombiana las procuradurías Delegadas están enmarcadas en el eje de la defensa de los Derechos de los niños, niñas, adolescentes e integrantes de la familia.
En este caso puntual el organismo de control responde a una de sus funciones primarias en relación a los menores en el país, en donde hace observaciones al Programa de Alimentación Escolar, frente a posibles amenazas sobre una correcta nutrición en las aulas escolares.
Entendiendo que el programa no solo contribuye a alimentar a los niños, sino que a su vez aporta a la permanencia de los mismos dentro del sistema educativo y colabora con el desempeño en el ámbito escolar. Respondiendo al deber de ejercer vigilancia y control de las acciones de supervisión y administración que se encaminan al cumplimiento de funciones y obligaciones para garantizar y restablecer los derechos de los menores y de esta manera prevenir su vulneración a través del seguimiento de las políticas públicas de evaluación de la gestión de los funcionarios y las entidades.
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