La Corte Suprema de Justicia modificó su estructura organizacional al seleccionar a los magistrados que presidirán las diferentes salas y la alta dirección. El nuevo presidente del organismo será el magistrado santandereano Fernando Castillo Cadena, que tiene una amplia experiencia en derecho económico.

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Castillo Cadena se desempeñaba como vicepresidente y en 2018 presidió la Sala de Casación Laboral, uno de los temas en los que es experto, especialmente en cuanto al sistema pensional del que varias sentencias llevan su firma. Ha promovido la tesis de que el sistema de pensiones es inviable si las cotizaciones de los trabajadores no son superiores al gasto en mesadas de los jubilados.

El magistrado que presidirá la Corte Suprema de Justicia es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y ha sido profesor de Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana y abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga.

Como maestro ha participado de investigaciones en derecho económico y laboral, que le merecieron el premio Corporación José Ignacio de Márquez al mejor artículo escrito junto con el profesor Carlos Andrés Uribe Piedrahita. Como abogado litigante ha trabajado en el sector público, como asesor del Ministerio de Hacienda y jefe de la Oficina de Obligaciones Pensionales de esa cartera.

En cuanto al sector privado, ha sido asesor jurídico del Banco de la República, BBVA Horizonte, Citicolfondos, fue integrante de la Junta Directiva de la Financiera Juriscoop S.A. de financiamiento comercial.

La Corte destaca que ha sido profesor invitado, conferencista y ponente en las universidades de Harvard (Estados Unidos), Salamanca (España), José Simeón Cañas (El Salvador), UPB (Bolivia) y, en Colombia, en las universidades de Los Andes, Santo Tomás, del Norte, del Rosario y del Cauca y otras.

Como vicepresidente de la Sala Plena de la Corte fue elegido el magistrado Gerson Chaverra Castro quien es especialista y magister en derecho penal. Desde hace más de 25 años trabaja como servidor judicial, de los cuales 122 los desempeñó en el departamento del Chocó, en poblaciones como Riosucio, Tadó, Quibdó, Bahía Solano e Istmina, como juez promiscuo municipal y penal.

“También ejerció del 2004 al 2007 como juez penal del circuito de Bogotá, de donde pasó a ser magistrado por concurso de méritos de la Sala Única del Tribunal Superior de Quibdó y, posteriormente, del Tribunal Superior del Bogotá, del cual fue presidente”, señaló la Corte.

La magistrada Martha Patricia Guzmán Álvarez fue elegida presidenta de la Sala de Casación Civil. Se graduó como abogada de la Universidad del Rosario, es especialista en Derecho de Familia, Comercial, Procesal y Laboral, así como magíster en derecho Civil de la Universidad de Zaragoza.

La sala de Casación Laboral estará presidida por Gerardo Botero Zuluaga, un abogado especialista en derecho administrativo que lleva más de 30 años de carrera en la Rama Judicial. Inició como oficial mayor en el juzgado 4° civil del circuito de Manizales, pasó a ser juez municipal y posteriormente magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.

El magistrado Hugo Quintero Bernate será el presidente de la Sala de Casación Penal, rama en la que es especialista y en la que trabajó 14 años como litigante. Ha sido fiscal auxiliar, asistente y magistrado auxiliar en su carrera, así como conjuez de la sala que ahora dirigirá y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

La Sala Especial de Primera Instancia estará a cargo del magistrado Ariel Augusto Torres, magíster en derecho penal quien desde 1990 fue juez municipal, ha sido juez de instrucción y fiscal ante el Tribunal Superior. Es autor del libro Análisis del tratamiento jurídico penal a las víctimas y perjudicados con el delito en Colombia.

Finalmente, la Sala Especial de Instrucción será presidida por el magistrado César Augusto Reyes, doctor en derecho de la Universidad de Buenos Aires. Fue durante 30 años litigante, profesor universitario, defensor público y ha apoyado programas de fortalecimiento a la justicia en Panamá, Perú, México, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Colombia.