
Al despacho del director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el coronel Daniel Gutiérrez, llegó en la mañana del miércoles, 25 de enero, un desayuno sorpresa, que terminó encendiendo las alarmas en la sede principal de la institución, en la esquina de la Avenida el Dorado con calle 34 (Bogotá).
Al interior de la caja iba una granada. Artefacto explosivo que, por fortuna, no detonó frente al coronel. Sin embargo, el personal de la oficina se llevó un gran susto, ya que, de ir cargada, pudo haberse activado en cualquier momento desde que llegó a la recepción del lugar y hasta que se dejó en la oficina de Gutiérrez.
Ni la cuenta oficial de la entidad ‘INPEC Colombia’, ni la del director ‘Director General INPEC’ se han pronunciado sobre el intento de atentado. Pero este ya es objeto de investigación por parte de las autoridades que, una vez fue detectada la amenaza, llegaron para recopilar todo el material probatorio que pueda conducirlos a quien envió la caja.
W radio conoció que se trataría de una granada de fragmentación, acompañada de un mensaje intimidatorio en contra del director. En su interior, el paquete iba firmado por un supuesto grupo delincuencial llamado los Magos.
De acuerdo con la emisora, fuentes del Inpec habrían confirmado que se trata de una amenaza directa al director de la entidad, quien, de inmediato, se habría puesto bajo un estricto esquema de seguridad, al igual que los demás integrantes de su equipo de trabajo que, para el momento en el que fue entregada la bomba, se encontraban en el despacho.
El paquete marcado por fuera como un regalo de parte de uno de los asesores de Gutiérrez, llevaba dentro una advertencia sobre los operativos que se han estado adelantando en distintas cárceles del país para luchar en contra del desorden y la corrupción, el pan de cada día en los centros penitenciarios de todo el país.
Desde su nombramiento en el cargo, en septiembre de 2022, Gutiérrez le declaró la guerra a la corrupción que, entre funcionarios y lideres delincuenciales, se convirtió en la ley al interior de las cárceles. Por ello, ordenó el traslado de algunos narcotraficantes que, según advirtió en su momento, gozaban de una larga lista de privilegios en cárceles como La Picota.
Y además, realizó operativos sorpresa en Bogotá y La Guajira, encontrando electrodomésticos, celulares, cargadores, tarjetas sim, módems, armas de todo tipo, sustancias psicoactivas e incluso perros, entre las pertenencias de los reclusos.
Lo anterior despertó comentarios de algunos sectores de la política colombiana que criticaron a las administraciones previas por no haber actuado en contra de las cárceles que, más bien, parecían “hoteles”.
Sin embargo, gracias al trabajo de la unidad investigativa especial que fue creada con el fin de destapar estos y otros actos de corrupción, varios dragoneantes fueron apartados de su cargo, capturados y puestos bajo investigación, para esclarecer su responsabilidad en estos casos, reforzando el discurso del presidente Gustavo Petro de hacer de las cárceles un espacio de resocialización, y no una escuela del crimen, para que cumplan con su verdadero propósito.
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