
Desde que el gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, se posesionó en agosto del 2022, uno de los ministros que más ha dado de qué hablar es el de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo. Sin embargo, su nombre ha resonado en la opinión pública no por polémicas, sino por sus apariciones para aclarar temas controversiales al interior del gabinete.
De hecho, en medio de la reforma a la salud que sacará adelante este año la ministra de Salud, Carolina Corcho, desde las Entidades Promotoras de Salud (EPS) esperan que Ocampo esté inmerso en ese proyecto que, entre otras cosas, buscará reformar cómo se prestan los servicios salubristas en el país.
Varios dirigentes de las EPS aseguraron, recientemente, que tienen temor de que Ocampo renuncie al Gobierno porque sería el único funcionario del Ejecutivo que les da tranquilidad frente al futuro de sus entidades. Es más, algunos de ellos dicen que desde el Ministerio de Hacienda les dijeron que tienen listos los recursos económicos y solo falta que el MinSalud dé el aval pero que, supuestamente, no se ha dado todavía.

Algunos de ellos, por ejemplo, advirtieron que, si desde el Gobierno no les entregan la plata para subsanar las deudas por sus servicios de salud, se generará lo que llamaron una “crisis social” en el país. Aseguran, además, que el Estado les debe más de 1.6 billones de pesos y que, si no se gira ese dinero cuanto antes, es probable que varias de esas EPS enfrenten serias repercusiones financieras.
“Estamos ahogados financieramente”, advirtió uno de los dirigentes. De acuerdo con Semana, varios de los ejecutivos de las EPS prefirieron no dar sus nombres por temor a las consecuencias de sus declaraciones. Es más, dicen que, como el Gobierno Petro por ahora no les ha entregado la plata, les ha tocado sacar de sus reservas para seguirle prestando los servicios de salud a los colombianos.

Inclusive, según documentó el medio, algunos de los presidentes de esas entidades de salud dicen que, antes de que se conociera el borrador de la reforma a la salud, estaban tranquilos porque no creían que el Gobierno quisiera “colapsar la salud”. Sin embargo, esa percepción cambió debido a las declaraciones de la ministra Corcho, quien ha insistido públicamente a las EPS que deberán repensar su papel en brindarles los servicios a los ciudadanos.
De hecho, advierten también que, como no le han podido pagarle a los hospitales y clínicas, lo más probable es que, dentro de poco, varios de esos centros de salud decidan ya no atender a los pacientes y generar una crisis salubrista en la nación.

Así mismo, cuestionan que el Gobierno no les habría dado espacios para discutir la reforma y así exponer las preocupaciones que ahora deciden hacer públicas ante los medios de comunicación del país. “(...) la verdad es que estamos reventados. Llegamos ya al punto de ser inviables”, le dijo otro directivo a Semana.
El temor no solo vendría de los directivos de las EPS, sino también de los dirigentes de hospitales y clínicas, que piden respuestas al Ejecutivo sobre el panorama al que se enfrentarán próximamente cuando la reforma a la salud llegue al Congreso de la República para ser discutida.
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