Las autoridades colombianas y el Gobierno de Gustavo Petro siguen al pendiente del caso de Aída Merlano Rebolledo, la excongresista condenada por corrupción electoral y que, tras su captura, se fugó del país y llegó a Venezuela. El lunes 23 de enero, el Gobierno de Gustavo Petro envió una carta, a través de la embajada de Caracas, solicitando información a los tribunales y la Fiscalía del vecino país sobre cómo va el proceso legal contra la exsenadora.
De acuerdo con Blu Radio, el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, precisó que aún están esperando una respuesta por parte de las autoridades venezolanas. “Si eso lo hacen rápido y yo estoy al tanto de eso, queremos que sea lo más rápido posible, porque así lo pidió el presidente Petro”, informó el diplomático y aclaró que la situación quedó en manos de la Cancillería y de la justicia de ambos países.
La misiva del Gobierno colombiano fue enviada justo después de que Aída Merlano le pidiera directamente al jefe de Estado que le exigiera al régimen de Venezuela que gestione su extradición a Colombia.
“Aprovecho este espacio para exigirle al presidente, Gustavo Petro, que exija mi extradición al país a donde yo sí quiero ir a dar la cara y posteriormente, que solicite cuál es mi situación”, dijo la excongresista durante una audiencia virtual contra el empresario Julio Gerlein.
Si bien Merlano Rebolledo fue recapturada en Maracaibo (Venezuela), en la diligencia —adelantada el 19 de enero—reclamó que está en condiciones desfavorables y reiteró que espera volver a Colombia para responder por los procesos que tiene en su contra. Eso no solo incluye el escándalo por compra de votos en el Caribe colombiano en 2018, sino también su fuga de las autoridades el 1 de octubre de 2019, cuando estaba en una cita odontológica en Bogotá.
Al respecto, Benedetti aseguró en entrevista con W Radio que se ha comunicado con ella en varias ocasiones, especialmente los últimos días, “para salir a buscar y como sería lo más rápido para que el pedimento del presidente Petro de hacer la extradición se haga”. Asimismo, expuso que podría tener una reunión presencial en los próximos días, “pero todo de acuerdo y con base en las autoridades y las leyes de Venezuela”.
La sanción de la Procuraduría General de la Nación
El viernes 20 de enero, la Procuraduría General de la Nación confirmó el fallo —proferido en 2020— en el que sancionó a la exsenadora por corrupción electoral. Si bien la defensa de Aída Merlano trató de apelar esa decisión, la entidad reiteró su decisión, por lo que la destituyó e inhabilitó por 10 años y manifestó que en todo momento se respetó el debido proceso.
En el primer fallo, se destacó que Aida Merlano cometió el delito de corrupción al sufragante tipificado en el artículo 390 del Código Penal. Esto debido a que “entregó dinero con el propósito de que los electores votaran por ella para el Congreso de la República período 2018-2022″, teniendo en cuenta que la exfuncionaria del Capitolio Nacional fue sorprendida en la denominada Casa Blanca, en Barranquilla, mientras organizaba actividades de compra de votos.
La determinación del Ministerio Público fue apoyada por la Corte Constitucional. “Reconoció su competencia para sancionar disciplinariamente a los funcionarios de elección popular por actos de corrupción, lo mismo que en su momento hizo el Consejo de Estado, por lo que desvirtuó los argumentos presentados en ese sentido”, afirmó la Procuraduría en un comunicado.
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