CIDH recibe denuncia de impunidad en caso de desaparición forzada perpetrado por paramilitares

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó una denuncia de la Corporación Opción Jurídica que alega una posible impunidad judicial en el caso de desaparición forzada de siete personas por parte de paramilitares en 2001.

Según los hechos, integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) interceptaron a las posteriores víctimas cuando estas se movilizaban en la vía que conduce de Barranquilla a la capital de Magdalena para llegar al corregimiento Palmor, ubicado en la Sierra Nevada. Una vez fueron abordadas, los trasladaron hasta la zona conocida como Calamar, en Bolívar, donde fueron asesinados y lanzados al río Magdalena.

Otros fueron degollados y tirados al mismo río pero en zona del municipio Sabanalarga, Atlántico, zona del Canal del Dique. Las víctimas fueron identificadas como Ludís Santana Páez, Iveth Guerra Jiménez, Hernando Páez Pava, Wilmer Santana Páez, Santiago de Jesús Sepúlveda y otras dos sin identificar y de acuerdo con el expediente, Rodrigo Tovar Pupo Jorge 40 y Salvatore Mancuso tuvieron conocimiento de esta masacre. Incluso, señala una presunta complicidad de agentes del Estado, especialmente en las retenciones.

En ese sentido, la denuncia expresa que dicho apoyo de la fuerza pública estuvo representada en el grupo Gaula Atlántico “siendo entregadas cinco de éstas con vida al postulado SERGIO MANUEL CORDOBA AVILA alias “EL GORDO”, “CARA CORTADA” o “120″, quien ordenó que las asesinaran y arrojaran sus cuerpos sin vida” al Canal del Dique.

Teniendo en cuenta la posible impunidad en este caso, en el cual dos de las víctimas eran menores de edad, Opción Jurídica afirmó que no se han hecho mayores esfuerzos para que “los derechos a la verdad, justicia y reparación se desarrollen, toda vez que muy a pesar de haberse solicitado pruebas conducentes y pertinentes al esclarecimiento de los hechos materia de investigación ninguna de ellas se ha practicado”.

También, los denunciantes explican que, de acuerdo con el expediente, solo se ha recuperado un cuerpo de los siete asesinados y aún sigue en veremos las condenas sobre los responsables, tanto los integrantes de las AUC como de los agentes del Gaula Atlántico que se habrían aliado con los paras.

Opción Jurídica, sobre esto, manifestó ante la CIDH que en la justicia ordinaria colombiana no se han hecho los esfuerzos para cumplir con los derechos de verdad, justicia y reparación, “toda vez que muy a pesar de haberse solicitado pruebas conducentes y pertinentes al esclarecimiento de los hechos materia de investigación ninguna de ellas se ha practicado”.

Incluso, alegaron que el Estado no ha sido diligente a la hora de buscar y recuperar los cuerpos de las víctimas y, bajo ese panorama, es inaudito que haya tanta demora en esos procesos. Mencionaron que han pasado más de 15 años sin que se conozca una decisión de fondo al respecto. “(...) Lo que he notado es simplemente una variación de fiscalías sin que ninguna tenga un pronunciamiento a los derechos antes mencionado”, añadieron.

Por eso, la denuncia pide que la CIDH garantice la protección a los familiares de las víctimas y que se realice un acto público de reconocimiento por la posible participación de agentes del Estado y por la misma impunidad judicial manifestada. También exigieron una digna y pronta medida de reparación.

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