La Defensoría del Pueblo adelantado una misión de verificación sobre las afectaciones humanitarias que ha dejado la violencia en las comunidades en Arauca. Las acciones de la Regional Arauca empezaron después de la población civil viviera el confinamiento forzado tras los recientes enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc que están al mando de alias Iván Mordisco.
De acuerdo con el organismo de control, los combates se han presentado en el sector de Marreros, “en límites de los municipios de Arauquita y Puerto Rondón, que originaron el confinamiento de la población civil”. En la visita, la entidad constató que las afectaciones se acentuaron después de las confrontaciones del 10 y 11 de enero, que dejó como saldo 11 personas asesinadas en el departamento.
“Ante estos hechos, las comunidades se encuentran en un estado de temor y zozobra generalizada”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo. El hecho de no tener la posibilidad de salir de sus viviendas genera el desabastecimiento de “los víveres necesarios para su alimentación”, afecta la asistencia a citas médicas, la facilidad de adquirir medicamentos, y la comercialización de sus propias cosechas.
Si bien la violencia se acrecentó con las acciones de los grupos ilegales, el organismo de control señaló que cerca de 1.445 familias han sufrido afectaciones desde el 2022 debido al conflicto armado. De hecho, el año pasado se registraron 352 homicidios, los cuales ocurrieron en Saravena (119), Tame (82), Arauquita (51), Arauca (48), Fortul (46), Puerto Rondón (5) y Cravo Norte (1). A esas cifras se le suman 81 casos de secuestros y desapariciones.
El llamado de la Defensoría
En la misión humanitaria, la Defensoría detectó que las veredas que tienen un mayor índice de violencia debido a los enfrentamientos armados son Lejanías, Normandía, El Progreso, La Esmeralda y el Palón. También constató la escasa prestación de los servicios de salud, la escasez de brigadas médicas y el “pésimo estado de las carreteras, alcantarillas y puentes” en los que transitan las comunidades de Puerto Rondón y Arauquita.
Por otro lado, advirtió que la situación puede llegar a afectar a la población estudiantil para acceder a su derecho a la educación con el regreso a clases. “Hay temor en los padres de enviar a sus hijos a las escuelas y colegios”, resaltó la entidad en un comunicado de prensa y afirmó que los menores podrían quedar en medio de las confrontaciones, afectando su vida y su integridad.
Por esa razón, reiteró su llamado a los actores armados a acogerse al Derecho Internacional Humanitario (DIH) para no afectar a la población civil. “Urge que tanto el ELN como las disidencias de las Farc frenen las acciones armadas en el territorio y que muestren gestos de paz de cara al proceso de diálogo que ha venido impulsando el Gobierno nacional”, puntualizó Camargo.
El organismo de control también le pidió a las autoridades de los municipios de Arauquita y Puerto Rondón junto con la Gobernación de Arauca prestar “asistencia humanitaria a esta población”. El defensor del Pueblo solicitó específicamente la “asignación de los recursos necesarios e implementar estrategias urgentes de atención”.
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