El presidente de Chile, Gabriel Boric, se pronunció este martes sobre la muerte de 17 manifestantes en un solo día, la jornada más sangrienta de protestas en Juliaca (Puno) registrada en la víspera.
“Es inaceptable y doloroso ver la cantidad de personas que han muerto en enfrentamientos con la Policía en el sur del Perú. El Estado debe siempre resguardar y respetar los DD. HH.”, tuiteó el mandatario.
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La CIDH detalló en un comunicado que la misión viajará a Lima y a otras ciudades para “reunirse, dialogar y recibir información de diversos sectores”.
Según los reportes del Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo, la mayoría de los 17 manifestantes fallecieron el lunes en enfrentamientos ocurridos cerca del aeropuerto de Juliaca, epicentro de las protestas que exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, nuevas elecciones en este año y una asamblea constituyente
La defensora del Pueblo, Eliana Revollar, dijo a Canal N que entre las víctimas hay una menor de 17 años y lamentó que la movilización “se haya tornado muy violenta”. En este sentido, mencionó que los manifestantes usan “armamento casero” y los exhortó a actuar de forma pacífica sin “estos niveles de violencia”.
“La solución a este problema es política. Por eso nuestro llamado al Congreso y al Gobierno para que encuentren una salida real”, matizó Revollar.
Boluarte, investigada por genocidio
La Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar a la presidenta, tres ministros y dos exministros por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, a raíz de los 47 fallecidos y decenas de heridos en las manifestaciones de las últimas semanas.
Asimismo, contra “Pedro Angulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, en su condición de exministro del Interior”.
La investigación preliminar es por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho”, precisó el Ministerio Público.
Boluarte ya tenía en curso una primera investigación preliminar por los fallecidos registrados en las manifestaciones de diciembre último, escasos días después de que juró al cargo por sucesión constitucional, tras la destitución de Pedro Castillo por haber dado un fallido golpe de Estado.
El delito de genocidio es castigado con una pena de cárcel no menor de 20 años por cometer una matanza de miembros de un grupo, lesiones graves a los miembros de un grupo o el sometimiento de un grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial, entre otras circunstancias.
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