Tribunal Constitucional declaró infundada demanda del Gobierno sobre ley que regula el referéndum

La norma en cuestión reafirma que toda iniciativa de reforma constitucional que se someta a referéndum, como el cambio de Constitución, debe pasar previamente por el Congreso.

El Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución Política del Perú. (Andina)
El Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución Política del Perú. (Andina)

En una votación por mayoría, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad que formuló el Gobierno contra la Ley 31399, que regula y limita la figura del referéndum para reformas como el cambio de Constitución Política.

Trascendió que fueron cuatro votos en contra del requerimiento del Ejecutivo y solo un voto a favor. El titular del Tribunal Constitucional, Augusto Ferrero, no habría participado del caso.

La resolución, con los fundamentos usados por cada magistrado para emitir su votación, será publicada en los próximos días.

El magistrado Augusto Ferrero reemplazó como titular del TC a Marianella Ledesma. (Andina)
El magistrado Augusto Ferrero reemplazó como titular del TC a Marianella Ledesma. (Andina)

La ley reafirma que toda iniciativa de reforma constitucional que se someta a referéndum debe pasar previamente por el Congreso, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Constitución.

La cuestión de confianza que planteó el jefe del Gabinete, Aníbal Torres, para derogar la Ley 31399 fue rechazada de plano por la Mesa Directiva que está a cargo del congresista José Williams.

Entre los argumentos para rechazarla figura que la iniciativa del Gobierno “interfiere directamente” con las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso.

Además, el Legislativo se afirma que con la propuesta se colisiona directamente con el artículo 206 de la Constitución, referida a que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Parlamento.

Antes de ser premier, Aníbal Torres ocupó el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos. (Andina)
Antes de ser premier, Aníbal Torres ocupó el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos. (Andina)

“Resulta evidente que lo planteado por el ministro Torres excede el marco constitucional y legal debido a que desconoce las competencias del Congreso como titular de la relación fiduciaria entre el Ejecutivo y el Legislativo”, señaló Williams.

Según el titular del Parlamento, esto representa una “grave alteración” al estado constitucional de derecho y la separación de poderes.

¿Qué dice la ley?

La Ley 31399, también llamada Ley que Fortalece el Proceso de Aprobación de Leyes de Reforma Constitucional, Regulados en los Artículos 40 y 44 de la Ley 26300, Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano, fue promulgada en enero de este año, por María del Carmen Alva, entonces presidenta del Congreso.

El congresista José Williams, de Avanza País, es el titular de la Mesa Directiva.
El congresista José Williams, de Avanza País, es el titular de la Mesa Directiva.

Esta norma tiene como único articulo la modificación de los artículos 40 y 44 de la Ley 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, con el objetivo de incluir lo siguiente:

Artículo 40: No pueden someterse a referéndum las materias y normas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 32 de la Constitución, ni aquellas que no se tramiten según el procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución Política.

Artículo 44: La convocatoria a referéndum corresponde efectuarla a la autoridad electoral en plazo no mayor de cuatro meses después de acreditadas las respectivas iniciativas, salvo que se trate de una reforma constitucional, en cuyo caso es convocado por el presidente de la República, por disposición del Congreso, de conformidad con el procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución Política.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) explicó que con la Ley 31399 no se puede convocar a referéndum para aprobar una reforma constitucional directamente. Antes, debe ser evaluada y aprobada por el Congreso con una mayoría absoluta.

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