Estafas ganaderas: el modelo “Boi Gordo” y el sospechoso silencio de la plaza uruguaya

En el análisis de los mercados financieros y agropecuarios del Cono Sur, la recurrencia de ciertos modelos operativos plantea un debate central: ¿hasta qué punto los esquemas de captación no regulada reinventan la rueda o simplemente adaptan estrategias que demostraron ser efectivas en el pasado? La historia de las inversiones ganaderas con retorno fijo en la región tiene su antecedente más voluminoso en Brasil con el caso de Fazendas Reunidas Boi Gordo, liderado por Paulo Roberto de Andrade. Al trazar una línea de tiempo entre la trayectoria de la firma paulista y la irrupción posterior de empresas en Uruguay, como el Grupo Larrarte, surgen similitudes operativas que invitan a preguntarse si existió una imitación de la estrategia comercial y por qué la plaza financiera y el Estado uruguayo no actuaron preventivamente.

El encadenamiento temporal permite analizar esta hipótesis. A finales de la década de 1980, en 1988, se fundó Fazendas Reunidas Boi Gordo en Brasil. Durante los años noventa, la firma masificó los contratos de engorde de ganado prometiendo intereses fijos totalmente imposibles de sostener con la producción ganadera real. Para sostener esa dinámica, la empresa desplegó en 1998 una campaña publicitaria sin precedentes en televisión abierta, apoyada por celebridades de primera línea, reconocidos actores de telenovelas y figuras del deporte, sumado a la organización de visitas guiadas para inversores a los campos. El modelo concluyó su ciclo operativo en octubre de 2001 al solicitar el concurso preventivo, derivando en un proceso judicial que culminó con la quiebra decretada por la Justicia de San Pablo entre 2006 y 2008.

La caída de Boi Gordo dejó al descubierto una megaestafa que superó los 1.200 millones de dólares y afectó a más de 30.000 personas. En la historia no existe ni ha existido un fraude agrofinanciero de semejante volumen, escala monetaria y penetración social basado en la ilusión de activos biológicos; una cifra que duplicó incluso a los mayores casos registrados en Estados Unidos en el sector ganadero, como el esquema de Mark Ray o las maniobras de ganado fantasma de Easterday Ranches.

Dos décadas después, el mercado uruguayo observó la aparición de estructuras con características afines. Entre 2019 y 2020, el Grupo Larrarte comenzó a posicionar activamente contratos de participación ganadera ofreciendo rendimientos netos fijos en dólares, tasas que nuevamente resultaban imposibles de generar dentro de los márgenes biológicos de la producción rural. En los años siguientes, entre 2021 y 2022, la firma adaptó la estrategia de visibilidad masiva a la era digital mediante pauta publicitaria omnipresente y recorridas por campos para inversores. Hacia 2023, la operativa comenzó a mostrar dificultades en el cumplimiento de los pagos, desencadenando entre 2024 y 2026 reclamos judiciales y la apertura de procesos concursales.

Frente a este paralelismo, surge una interrogante ineludible: ¿por qué un escándalo de la magnitud de Boi Gordo —un récord global en volumen dentro del rubro ganadero, ocurrido a pocos kilómetros de la frontera— tuvo tan poca difusión y análisis en la plaza financiera y en los medios uruguayos durante todos estos años? Resulta cuando menos llamativo o sospechoso que un evento de enorme resonancia, que sacudió al sistema financiero del país vecino y estafó a decenas de miles de ahorristas, haya pasado prácticamente desapercibido en el debate público local.

Habiendo existido esa advertencia explícita en la región sobre los riesgos inherentes a los contratos agropecuarios de interés fijo garantizado, la plaza financiera y el Estado uruguayo deberían haber actuado en consecuencia. La falta de escrutinio sobre el antecedente brasileño dejó un vacío informativo que permitió que, años más tarde, se ofrecieran en Uruguay modelos de negocios basados en promesas inviables sin activar alertas tempranas ni marcos de fiscalización preventiva.

Al contrastar ambas líneas de tiempo, el análisis no se limita a evaluar si la propuesta uruguaya imitó la estrategia comercial de la firma brasileña, sino a cuestionar la pasividad institucional. La historia demostró en Brasil las dimensiones del impacto que este modelo puede generar; el silencio previo y la posterior inacción en el mercado nacional plantean la duda de por qué no se tomaron resguardos oportunos para proteger a la plaza financiera de pérdidas anunciadas.