Bolivia: la policía combate al narcotráfico en el Chapare, pero los cocaleros creen que sólo es un plan contra Evo Morales

El gobierno de Bolivia y los empresarios del agro se oponen a que Argentina cobre un peaje por el uso de la hidrovía Paraguay-Paraná, pero los narcos no han dicho nada a pesar de que la usan con cargas más valiosas.

De las 6 millones de toneladas de productos legales que exporta por año Bolivia, solamente 1 millón usa la hidrovía, pero las exportaciones de droga tienen preferencia por la ruta del Plata debido a que por ella van las cargas con destino a Europa, aunque los volúmenes son un secreto. Por esa vía la droga llega a la “triple frontera” y a la atormentada ciudad de Rosario y otras, río abajo.

Los empresarios del agro piden al gobierno de Luis Arce eliminar las restricciones a las exportaciones, aplicadas para perjudicar al opositor departamento de Santa Cruz, mientras los narcos gozan de una casi total libertad de comercio.

El gobierno justifica las restricciones a las exportaciones con el argumento de que la prioridad debe ser proveer al mercado interno, pero en la práctica son prohibiciones que se prestan a las extorsiones por parte de los funcionarios del partido de gobierno.

Empresarios del agro dicen que las prohibiciones que dispone el gobierno del MAS no frenan las exportaciones y sólo provocan que los permisos para enviar productos al exterior se hagan más caros porque los funcionarios corruptos han elevado sus tarifas, o se han hecho más numerosos.

En cuanto a la droga, el gobierno de Arce concentra las acciones de la policía en la región del Chapare, cerca de la casa de su mentor político, ahora su rival, Evo Morales, y anuncia acuerdos para frenar la salida de la cocaína hacia países vecinos.

Los cocaleros de Morales sospechan que las intenciones del gobierno de bloquear la salida de la droga mediante acuerdos con gobiernos vecinos han sido pensadas para perjudicar a la industria más próspera del Chapare, y de paso a su líder y aspirante a candidato para 2025.

Además, las propias autoridades admiten que la policía está en desventaja frente a los narcos. Esta semana, un avión de la policía no pudo aterrizar en una pista clandestina en el departamento amazónico de Beni porque los narcos pusieron obstáculos en la franja de aterrizaje, obstáculos que luego fueron retirados para la salida de dos avionetas cargadas con droga.

Las fuerzas policiales han sido infiltradas. Si van a hacer una incursión en una fábrica, ocurre que los narcos han sido advertidos por alguien, y pueden abandonar el lugar, lo que hace que la toma de fábricas termine sin detenidos.

Morales llegó a decir que algunos operativos de los que informa la policía, con la destrucción de factorías de droga, son montajes inventados solamente para desprestigiar a las seis federaciones de cocaleros que lo respaldan.

La guerra continúa. Desde el bando de Arce se anuncia un nuevo golpe a los seguidores de Morales. El diputado “arcista” Freddy Velázquez propuso reducir la extensión de cocales permitidos al Chapare por una ley promulgada durante el gobierno del cocalero.

El argumento de Velázquez, quien es productor de coca en la región de Yungas de La Paz, es que la hoja que se produce en las 7.700 hectáreas autorizadas al Chapare no llega a los mercados legales, ya que es usada por los narcotraficantes para fabricar cocaína.

El diputado se respalda en informes de las Naciones Unidas acerca de esto. Esos informes dicen que la coca de Yungas es usada casi en su totalidad, en 97%, para fines tradicionales y medicinales, lo que no ocurre con la hoja del Chapare.

Esta declaratoria de guerra a la región dominada por Morales podría llevar las cosas hasta límites peligrosos. El expresidente cocalero no aceptará jamás que sea reducida la extensión para el cultivo de coca en su región.

Morales dispuso, en noviembre de 2017, que la extensión total de los cocales autorizados en Bolivia sea de 22.000 hectáreas, 10.000 más que las de ese momento. Esto se dispuso a pesar de que, según el experto Franklin Alcaraz, la superficie necesaria para atender la demanda legal de la hoja en Bolivia sería de solamente 6.000 hectáreas.

Pero la verdad es que los cultivos de coca son muchos más de los que la ley de Morales autoriza. Las Naciones Unidas calculan que son 30.500 hectáreas. Informes de la DEA hablan de 36.000 hectáreas, si se toman en cuenta las áreas tomadas por los cocaleros en parques nacionales.

Lo que está totalmente fuera de control, y de las propias estadísticas, es la elaboración de cocaína en casi todo el territorio boliviano.