¿El Perú debe seguir suscribiéndose a los tratados internacionales de la OMPI sobre propiedad intelectual?

Recientemente, se ha anunciado que el Perú se adhiere a cinco nuevos tratados internacionales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo especializado de las Naciones Unidas para estos temas. Así, en los últimos 30 años, el Perú se ha suscrito a 19 de los 26 tratados administrados por la OMPI. Además, se analiza la próxima adhesión a los siete restantes, entre ellos, el Protocolo de Madrid.

Desde la Asociación Peruana de Propiedad Industrial y Derechos de Autor (APPI), expresamos nuestra preocupación al respecto. Como principal gremio especializado en Propiedad Intelectual en el Perú desde 1963, consideramos que el Estado peruano viene suscribiendo de manera indiscriminada e inconsulta nuevos tratados internacionales sobre Propiedad Intelectual, los mismos que no generan per se impactos positivos tangibles para la industria peruana. Por lo demás, para la debida protección de la Propiedad Intelectual, nuestro país ya cuenta con una moderna y amplia base legislativa nacional y de la Comunidad Andina.

¿Por qué afirmamos lo anterior? Todos los tratados de la OMPI tienen el objetivo de facilitar la protección de la Propiedad Intelectual a nivel internacional. Son muy funcionales para los países desarrollados que exportan globalmente bienes y servicios protegidos con marcas o patentes. El Perú, como sabemos, es un país básicamente exportador de materias primas y productos sin valor agregado, que no llevan marca alguna. Por ello, el uso que se pueda dar en nuestro país a estos tratados es muy limitado. En esa situación, estamos cediendo soberanía nacional en Propiedad Intelectual, ya que el Estado peruano se compromete a proteger en nuestro territorio los derechos de marcas o patentes provenientes de países desarrollados, sin que la industria nacional reciba beneficios recíprocos para su propio desarrollo.

Con relación a la adhesión a los tratados de la OMPI, las estadísticas de entidades peruanas e internacionales no identifican impactos económicos positivos en los últimos años para las grandes, medianas o pequeñas empresas exportadoras de nuestro país, ni para las comunidades nativas, ni para los consumidores peruanos. Por el contrario, algunos de estos acuerdos incluso pueden afectar puestos de trabajo y la recaudación tributaria dentro del país.

Particularmente preocupante es el Protocolo de Madrid (PdM), instrumento por el cual la OMPI regula una plataforma de registro internacional de marcas centralizado desde Suiza y con tasas de tramitación de US$1,500 en promedio, que la hacen inviable para pequeñas o medianas empresas, así como para las comunidades nativas. Solo 10 países industrializados concentran más del 70% de las solicitudes de registro del PdM, mientras los usuarios de América Latina, África y “otros territorios” no superan juntos el 1%. En la práctica, el PdM funciona como una “carretera de una sola vía”, que no puede ser aprovechada por las economías emergentes, pero sí por las desarrolladas.

El Perú ya tuvo una experiencia negativa al adherirse al “Protocolo sobre el Registro Interamericano de Marcas de Fábrica de 1929″, tratado análogo al PdM, que estableció el Registro Interamericano de Marcas, centralizado a través de la Oficina Interamericana de Marcas en La Habana. Dicho tratado fue denunciado por el Perú y otros miembros en 1946, debido a que ninguna empresa nacional le daba uso. Desde entonces, la situación de nuestro país no ha variado y nuestras exportaciones se siguen concentrando en materias primas.

Desde la APPI creemos que, para la eventual adhesión peruana a nuevos tratados internacionales sobre Propiedad Intelectual, el foco debería estar puesto en la investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) nacional, así como la diversificación económica a través del desarrollo y la protección de la Propiedad Intelectual, lo que le permitiría al Perú contar con marcas y patentes exportables a largo plazo. Por ello, proponemos establecer un marco legal sobre bases técnicas para la suscripción de nuevos tratados, con la creación de una comisión especializada multidisciplinaria que integre diversos sectores estatales y privados y actúe como ente evaluador. El inicio de cualquier negociación relativa a la adhesión del Perú a tratados sobre Propiedad Intelectual debería ser autorizado por Resolución Suprema y sometido previamente a esta comisión especializada.