Ucrania imputó a siete personas por una red de sobornos que involucra a altos cargos del sector energético estatal

Las autoridades ucranianas imputaron a siete personas por su supuesta implicación en una red de sobornos que, según la investigación, movió alrededor de 100 millones de dólares en el sector energético estatal.

La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) confirmó este martes el alcance de la operación y señaló que los acusados diseñaron un esquema para controlar la contratación pública y desviar fondos a través de contratos inflados en empresas estatales, principalmente en la industria nuclear.

Cinco de los siete sospechosos ya fueron detenidos tras una investigación que se extendió durante quince meses e incluyó más de setenta allanamientos en varias regiones ucranianas.

Entre los implicados figuran altos funcionarios, antiguos asesores ministeriales y empresarios conocidos.

Diversas fuentes identificaron entre los sospechosos al empresario Timur Mindich, copropietario de la productora de televisión Kvartal 95, donde el presidente Volodimir Zelensky desarrolló su carrera antes de llegar a la presidencia.

Mindich habría sido, de acuerdo con la NABU, el principal organizador de la trama. De momento, Mindich no ha emitido comentarios sobre el caso y tampoco respondió a solicitudes de medios internacionales.

También fue señalado el ex ministro de Unidad Nacional y viceprimer ministro, Oleksiy Chernyshov, quien presuntamente recibió más de 1,2 millones de dólares y casi 100.000 euros en efectivo como parte de las comisiones ilegales.

Su nombre apareció bajo el alias de “Che Guevara” en conversaciones interceptadas por los investigadores. Las grabaciones divulgadas por la NABU también incluyeron la voz del actual ministro de Justicia, German Galushchenko, quien fue ministro de Energía, aunque por el momento la cartera que encabeza limitó sus comentarios a confirmar la cooperación en la investigación y no aclaró si Galushchenko enfrenta cargos formales.

Según la NABU, la red movió fondos a través de licitaciones manipuladas, canalizando pagos ilícitos mediante empresas vinculadas a contratos estatales. Estas actividades ilícitas, detalló la oficina anticorrupción, se mantuvieron incluso durante la etapa más intensa de los ataques rusos a infraestructuras energéticas, cuando el país estaba sometido a cortes de energía diarios que afectaron a millones de ciudadanos.

La reacción del gobierno ucraniano fue inmediata. La primera ministra, Yulia Svyrydenko, ordenó la disolución inmediata del consejo de supervisión de Energoatom y anunció una auditoría urgente sobre contrataciones y compras en la compañía.

“Esperamos los resultados de la auditoría lo antes posible. Los datos serán entregados a las autoridades judiciales y organismos de control”, declaró Svyrydenko a través de una publicación en redes sociales.

Para Ucrania, que aspira a avanzar en el proceso de ingreso a la Unión Europea y depende del respaldo financiero y militar de países occidentales, el escándalo supone un golpe a su imagen y aumenta la presión internacional para impulsar reformas anticorrupción efectivas.

El combate a la corrupción se ha convertido en una condición indispensable para el acceso a la ayuda europea y la credibilidad del Estado ucraniano en el contexto de la guerra y la reconstrucción.

La Oficina Nacional Anticorrupción subrayó que la investigación desenmascaró pagos indebidos por al menos cien millones de dólares, una cifra especialmente alarmante dada la importancia de Energoatom en la matriz energética del país.

En circunstancias normales, la empresa estatal cubre la mayoría del suministro eléctrico nacional y su correcto funcionamiento es fundamental en medio de la ofensiva militar y los continuos apagones provocados por los ataques rusos.

La indignación social por este caso es máxima, dada la precariedad energética que afronta la población. Largos cortes de electricidad y dificultades de abastecimiento incrementan el impacto del caso en la opinión pública, que reclama transparencia y castigo ejemplar para los responsables.

La NABU concluyó que toda la documentación recabada, incluidas grabaciones y registros financieros, será entregada a la justicia. El desenlace de este caso puede ser decisivo para la percepción internacional sobre la determinación de Ucrania para erradicar la corrupción, garantizar una gestión responsable de los recursos y responder a las expectativas tanto de sus aliados externos como de su propia ciudadanía.

(Con información de Reuters y EFE)