
Irán ahorcó este lunes a un hombre acusado de espiar para Israel, en lo que representa un nuevo episodio de la mayor ola de ejecuciones dictada por el régimen de los ayatollahs en las últimas décadas.
Según información publicada por la agencia Mizan, portavoz del poder judicial, el ajusticiado, identificado como Bahman Choobiasl, fue condenado por mantener una cooperación extensa con el Mossad, el servicio de inteligencia israelí.
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El caso de Choobiasl no había trascendido previamente en medios iraníes ni entre organizaciones que monitorean la pena de muerte en esa nación. El hombre fue acusado de reunirse con funcionarios del Mossad y de participar en “proyectos de telecomunicaciones sensibles” para una empresa no identificada. De acuerdo con la versión oficial, Choobiasl informaba al Mossad sobre “las vías de importación de dispositivos electrónicos” en Irán y facilitaba información sobre instituciones gubernamentales y centros de datos del Estado.
La ejecución de este lunes ocurrió días después de que Irán prometiera adoptar medidas firmes contra sus enemigos en respuesta a la reimposición de sanciones adoptadas por las Naciones Unidas a raíz del programa nuclear iraní.
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Las autoridades describieron al ajusticiado como “uno de los espías más importantes de Israel en Irán”. Las investigaciones del régimen persa sostienen que Choobiasl mantuvo reuniones y contactos con agentes del Mossad en varios países, incluidos Emiratos Árabes Unidos, Armenia, India, Tailandia, Vietnam, Irlanda y Bulgaria. Según el relato recogido por los medios de propaganda, habría transitado por entrenamientos para “mejorar sus capacidades personales y provisionales” a solicitud de la inteligencia israelí.
En 2025, Teherán ha intensificado la aplicación de la pena de muerte, particularmente contra personas condenadas por espionaje. Según estimaciones de organizaciones como Derechos Humanos de Irán, con sede en Oslo, y el Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Washington, la cifra de ejecuciones en Irán ya supera las 1.000 en lo que va del año, aunque advierten que los números reales podrían ser mayores, ya que no todas las sentencias mortales son informadas públicamente.
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El endurecimiento de la política represiva se produjo en un contexto de máxima tensión luego del conflicto abierto entre Irán e Israel en junio, cuando ambos países se enfrentaron en ataques aéreos que provocaron la muerte de alrededor de 1.100 personas, incluidos altos mandos militares iraníes. En ese escenario, Irán ha incrementado la frecuencia de sentencias por espionaje.

Incluida la ejecución de Choobiasl, ya son por lo menos nueve las personas ajusticiadas por cargos similares desde el inicio de la escalada. El mes pasado, Irán también ejecutó a Babak Shahbazi, acusado de espiar para Israel, aunque grupos de derechos humanos afirman que la confesión fue obtenida bajo tortura y que Shahbazi habría escrito una carta previa al presidente de Ucrania, ofreciéndose a combatir del lado de Kiev.
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La ola de ejecuciones coincide además con un aumento en los conflictos internos en Irán. Durante los últimos años, se registraron protestas masivas en rechazo a la situación económica, la restricción de libertades civiles y la falta de avances en derechos de las mujeres bajo el régimen teocrático. Tras estas manifestaciones y la crisis regional con Israel, el régimen iraní ha empleado la pena máxima como herramienta para disuadir acciones de disidencia y espionaje.
La ejecución de Bahman Choobiasl amplía una tendencia que, según grupos internacionales, retrotrae al país al escenario de represión más severo desde el final de la guerra Irán-Irak en 1988, cuando miles de personas fueron ajusticiadas en un corto periodo. El régimen iraní asegura que el proceso legal está siendo cumplido de acuerdo con la ley nacional, aunque las organizaciones defensoras de derechos humanos alertan sobre falta de transparencia, posibles confesiones bajo coerción y la utilización de las ejecuciones como instrumento político.
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En los últimos meses, los condenados por espionaje han sido señalados por las autoridades como “enemigos del Estado” e imputados de mantener vínculos con agencias extranjeras. En múltiples casos recientes, Irán acusa a los sentenciados de colaborar activamente con la inteligencia israelí y de asistir en la penetración de redes de información gubernamental.
(Con información de Europa Press y AFP)
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