Pakistán deportó a más de un millón afganos desde que inició las expulsiones masivas en 2023

El número de afganos repatriados desde Pakistán alcanzó ya el millón, desde que comenzaran las políticas de deportación a finales de 2023 y que han comenzado a afectar también a partir de abril a refugiados legalmente registrados, e incluso a los nacidos en el país, pero que no disponen de ciudadanía.

Estas políticas de deportación han recobrado mayor impulso a partir de abril, cuando más de 150.000 refugiados han cruzado ya de vuelta a Afganistán desde varios pasos fronterizos, principalmente desde el de Torjam, en la provincia de Jiber Pajtunjua, en el noroeste de Pakistán.

“Creemos que este número seguirá subiendo rápidamente”, dijo un funcionario del Gobierno pakistaní en condición de anonimato a la agencia alemana DPA. En total, Islamabad confía en poder repatriar a unas tres millones de personas, principalmente afganos, antes de final de año.

Pakistán ha estado alegando motivos de seguridad para poner en práctica estas medidas, ya que las provincias fronterizas de Jiber Pajtunjua y Baluchistán son escenario de frecuentes atentados cometidos por los talibanes paquistaníes, quienes, según Islamabad, encuentran apoyo y cobijo en suelo afgano.

A pesar de que organizaciones de Derechos Humanos han solicitado al Gobierno paquistaní que revise estas políticas, las expulsiones continúan, en medio de acusaciones también de detenciones y deportaciones arbitrarias, mientras crece los temores ante una inminente crisis humanitaria.

En las últimas cuatro décadas, han sido millones de afganos los que han cruzado a Pakistán como refugiados, huyendo de los talibanes, quienes recuperaron el poder en Afganistán en agosto de 2021.

Regreso de los talibanes

Desde el regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021, Afganistán atraviesa una profunda crisis humanitaria y de derechos humanos. Para 2024, más de la mitad de la población —unas 23,7 millones de personas— dependía de la asistencia humanitaria, en un contexto agravado por el colapso económico, la sequía y las sanciones internacionales. La exclusión sistemática de las mujeres de la vida económica ha intensificado la fragilidad de un país cuya economía depende en gran medida de la ayuda externa y las remesas.

El nuevo régimen ha impuesto severas restricciones a los derechos de las mujeres. Se les ha prohibido acceder a la educación secundaria y superior, trabajar en la mayoría de los empleos y circular por espacios públicos. En 2024, los decretos vetaron su derecho a mostrar el rostro en público y estudiar medicina, lo que ha generado preocupación por el futuro del acceso a la salud femenina. Diversos organismos han comenzado a calificar esta situación como un caso de apartheid de género, y reclaman que sea reconocido como crimen de lesa humanidad.

En el plano internacional, la búsqueda de legitimidad por parte del régimen talibán ha encontrado respuestas divididas. En abril de 2025, Rusia decidió eliminar al movimiento de su lista de organizaciones terroristas, un gesto que sugiere un posible giro diplomático. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos del mundo mantiene su negativa a reconocer oficialmente a los talibanes, en gran parte debido a su historial en materia de derechos humanos.

La situación humanitaria se ha agravado por la reducción de fondos internacionales. A comienzos de 2025, los recortes en la ayuda humanitaria de EEUU provocaron el cierre de servicios médicos clave, entre ellos centros de alimentación terapéutica para niños con desnutrición. Organizaciones de asistencia estiman que más de 3,5 millones de niños afganos sufrirán desnutrición aguda este año, un aumento del 20% respecto al anterior.

Pese a este panorama, las mujeres afganas continúan resistiendo. Campañas como #MyVoiceIsNotForbidden (“Mi voz no está prohibida”) evidencian la determinación de quienes, a pesar de las amenazas y las restricciones, siguen exigiendo sus derechos. En un país donde alzar la voz se ha vuelto un acto de disidencia, el desafío para la comunidad internacional es doble: responder a la emergencia humanitaria sin legitimar a un régimen que niega derechos fundamentales.

(Con información de Europa Press)