Los ataques en el conflicto en Ucrania se intensificaron en los primeros tres meses de 2025, con un incremento del 30% en el número de víctimas civiles respecto al mismo periodo del año anterior, informó este viernes el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, durante una comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Según los datos verificados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), al menos 413 civiles murieron y más de 2.000 resultaron heridos desde enero. El informe advierte que las cifras reales podrían ser mayores. Solo en una semana de marzo, más de 30 personas perdieron la vida y 200 sufrieron heridas.
Desde el comienzo de la invasión rusa en febrero de 2022, la ONU ha documentado más de 12.700 civiles muertos y más de 30.000 heridos.
Türk destacó el aumento del uso de drones de combate de corto alcance por parte de ambos bandos, señalando que desde diciembre esas armas han causado más muertes y lesiones a civiles que cualquier otro armamento. Esta tendencia ha contribuido de forma significativa al incremento de víctimas en el primer trimestre del año.
El informe presentado también documenta un impacto desproporcionado sobre los menores. Según el ACNUDH, al menos 669 niños han muerto y más de 1.800 han resultado heridos desde el inicio del conflicto. Además, 2,4 millones de menores han sido desplazados de sus hogares.
En los territorios ocupados por Rusia, el informe recoge casos de violencia extrema contra niños, incluyendo la ejecución sumaria de siete menores (cinco varones y dos mujeres), así como detenciones arbitrarias, torturas, abusos físicos y violencia sexual.
El organismo también señaló que al menos 200 niños han sido trasladados de forma forzosa a territorio ruso o a zonas de Ucrania bajo ocupación. En esos lugares, se impide a los menores hablar ucraniano y se les obliga a participar en programas de adoctrinamiento patriótico y entrenamiento militar prorruso.
Además, Türk denunció que las autoridades rusas han intensificado las presiones para que la población civil en zonas ocupadas adquiera la nacionalidad rusa. Desde el 1 de enero, las personas que no han obtenido pasaporte ruso han dejado de recibir beneficios sociales.
La semana pasada, Moscú decretó que todos los ciudadanos ucranianos que residan en Rusia o en los territorios ocupados deberán abandonar el país antes del 10 de septiembre, salvo que hayan legalizado su estatus conforme a la legislación rusa.
(Con información de EFE)
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