En una decisión cargada de simbolismo, el Gobierno de Giorgia Meloni aprobó este lunes, Día de los Trabajadores, un decreto que contiene varias medidas de carácter laboral, como la reducción de la carga impositiva a determinados sueldos, el reemplazo de un subsidio de desempleo conocido como reddito di cittadinanza (renta de ciudadanía) y la ampliación de la posibilidad de prorrogar los contratos temporales.
“Me siento orgullosa de que el Gobierno haya decidido celebrar el Primero de Mayo con hechos y no con palabras y creo que debíamos un nuevo apoyo a una economía que, aunque en un momento de dificultad, nos está dando grandes satisfacciones”, dijo Meloni en un video.
La primera ministra, que lidera la coalición más derechista que ha gobernado el país desde la Segunda Guerra Mundial, optó por no ilustrar la medida en una rueda de prensa, después que los sindicatos calificaran de “acto ofensivo de arrogancia” la decisión de aprobar el decreto el día de la fiesta de los trabajadores.
El Primero de Mayo es una jornada especialmente sentida Italia, un país que en su Constitución se define como “una República democrática fundada en el trabajo”.
100 euros al mes más
La principal medida del decreto es la rebaja de la llamada cuña fiscal, es decir, la diferencia entre lo que paga el empresario y lo que percibe el trabajador como salario neto, para rentas de hasta 35.000 euros anuales.
En concreto, para las rentas de hasta 25.000 euros anuales, el recorte será del 4%, y se sumará al recorte del 3% ya en vigor en 2022, lo que supone de media unos 96 euros más al mes en la masa salarial. Para las rentas de hasta 35.000 euros, el recorte adicional será también del 4 por ciento, que se sumará al 2 por ciento anterior, por una media de 99 euros al mes. Se prevé que la medida cueste un total de 4.100 millones de euros.
La medida tendrá efecto solo durante lo que queda de año, una vigencia que los sindicatos ven como “insuficiente”.
No obstante, Meloni se dijo “orgullosa” de la medida, mineras el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, explicó que estas disposiciones suponen “una ayuda real contra el encarecimiento de la vida y una respuesta concreta a las chácharas”.
Cambios en el subsidio de desempleo
El decreto también decidió reemplazar a la renta de ciudadanía (reddito di cittadinanza), programa de subsidios de desempleo aprobado por el Movimiento Cinco Estrellas en la pasada legislatura.
El gobierno afirma que este plan de subsidios es muy caro, con un coste de cerca de 8.000 millones de euros el año pasado, y aseguró que desincentiva a personas aptas para trabajar, especialmente a jóvenes, a buscar un empleo. Sus partidarios afirman que otorga una ayuda importante a millones de hogares de bajos ingresos, en particular en las regiones más pobres del sur. Según la Seguridad Social de Italia, el ingreso ciudadano benefició a cuatro millones de personas el año pasado, con subsidios promedio de 550 euros mensuales.
Meloni anunció que reemplazará este subsidio desde 2024 por un “Cheque de Inclusión”. A diferencia de la renta de ciudadanía, el nuevo subsidio sólo está destinado a los hogares en los que haya personas mayores de 60 años, menores o discapacitados, y siempre que tengan ingresos por debajo de un determinado umbral.
Para entender mejor cómo funcionará, habrá que esperar a la publicación definitiva del decreto, pero según los borradores que han circulado en los últimos días, la cuantía del cheque será de un máximo de 500 euros al mes, más una aportación de hasta 280 euros en el caso de un hogar alquilado.
El cheque se pagará durante 18 meses, luego habrá una interrupción de un mes, seguida de otros 12 meses de renovación.
Si en el hogar hay una persona de entre 18 y 59 años considerada “empleable”, debe iniciar una búsqueda de trabajo a través de un centro de empleo. Si rechaza una oferta con un contrato de al menos un mes, se pierde el cheque para toda la unidad familiar (con ciertas condiciones sobre el tipo de contrato que se puede ofrecer y la distancia del trabajo al domicilio).
Contratos temporales
El decreto también interviene sobre los contratos temporales, cambiando lo que se había decidido en el llamado ‘decreto de la dignidad’ aprobado en 2018 por el Gobierno de Giuseppe Conte.
Ese decreto había reducido las posibilidades de prorrogar los contratos temporales después de los primeros 12 meses.
Ahora el gobierno de Meloni introdujo algunas nuevas excepciones, ampliando la posibilidad de prorrogarlos de 12 a 24 meses. Los detalles de cómo lo hará, sin embargo, aún no están claros.
Además, se incluyen una serie de reducciones fiscales a quienes ofrezcan contratos indefinidos, ampliadas además a los empleadores que estabilicen los temporales.
Otro incentivo en la segunda mitad de este año es para la contratación de jóvenes de menos de 30 años que ni estudien ni trabajen, que en Italia rondan los 3 millones en la franja de edad entre los 15 y los 34 años.
Críticas de la oposición
Los tres principales sindicatos del país, que ayer fueron recibidos por Meloni para conocer el contenido de la reforma, ya avisaron de que “las medidas del Gobierno no van en la dirección solicitada”.
El líder de la UIL, Pierpaolo Bombardieri, lamentó que “las respuestas son equivocadas dada la demasiada precariedad y poca seguridad” del mercado laboral italiano y, aunque aceptó el recorte de la cuña fiscal, reprochó que sea solo temporal.
La oposición tampoco ahorró las críticas al decreto.
“El decreto que se aprueba hoy es una verdadera sentencia de condena de la precariedad”, dijo Elly Schlein, líder del opositor Partido Democrático (centroizquierda).
“Están desmantelando el único medio de ayuda a la renta de los más pobres, suprimiéndolo, intentando reducir los recursos sobre la pobreza y también la duración. No era perfecto pero mejorable, el gobierno quiere plantar banderas ideológicas a los ojos de los grupos más frágiles”, dijo.
Giuseppe Conte, ex primer ministro y líder del Movimiento Cinco Estrellas, convocó a manifestar contra el gobierno en junio.
“Hoy, primero de mayo, el gobierno se reúne para introducir el dl de precariedad y golpear a los trabajadores: esto es inaceptable”, dijo. “Estamos más allá de las políticas conservadoras, más allá de la restauración más grosera. Se desmantela la renta de ciudadanía, se hace la guerra santa para criminalizar a los pobres, como si la pobreza fuera una culpa que no se puede perdonar”.
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