El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, declaró este jueves que el Departamento de Justicia “está en total desacuerdo” con una sentencia judicial que endurece las restricciones sobre la píldora abortiva mifepristona, y que la recurrirá ante la Corte Suprema.
“Solicitaremos una medida de emergencia a la Corte Suprema para defender el criterio científico de la FDA y proteger el acceso de los estadounidenses a una atención reproductiva segura y eficaz”, dijo, refiriéndose a la Administración de Alimentos y Medicamentos.
La píldora abortiva mifepristona seguirá estando disponible en Estados Unidos por ahora, pero con importantes restricciones, como la obligación de acudir al médico para obtener el fármaco, según dictaminó a última hora del miércoles un tribunal federal de apelaciones.
El Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de EEUU, con sede en Nueva Orleans, dejó en suspenso parte de la orden dictada el viernes pasado por el juez de distrito Matthew Kacsmaryk, de Amarillo (Texas), que había suspendido la aprobación del fármaco por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés) mientras estudiaba una demanda de grupos antiabortistas que pretendían prohibirlo.
Sin embargo, el tribunal de apelaciones se negó a bloquear partes del dictamen de Kacsmaryk, que entrará en vigor el viernes, que restablecen efectivamente las restricciones a la distribución de la píldora que se habían levantado desde 2016. Además del requisito de tres visitas médicas en persona, esas restricciones incluyen la limitación del uso del medicamento a las primeras siete semanas de embarazo, frente a las 10 actuales.
El fallo provino de un panel de tres jueces del 5º Circuito, dos nombrados por el entonces presidente Donald Trump y uno por George W. Bush, ambos republicanos. El Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, los grupos antiabortistas o ambos podrían ahora apelar ante la Corte Suprema de los Estados Unidos
La sentencia de Kacsmaryk entra aparentemente en conflicto con la decisión de otro juez federal, también emitida el viernes pasado, que ordenaba a la FDA mantener el acceso a la mifepristona sin nuevas restricciones en 17 estados y el Distrito de Columbia. El Gobierno de Biden ha pedido al juez de ese caso que aclare su orden a la luz de la de Kacsmaryk.
La demanda ante Kacsmaryk fue presentada contra la FDA en noviembre por cuatro grupos antiabortistas encabezados por la recién creada Alianza para la Medicina Hipocrática y cuatro médicos contrarios al aborto. Sostienen que la agencia utilizó un proceso inadecuado cuando aprobó la mifepristona en 2000 y no tuvo debidamente en cuenta la seguridad del fármaco cuando lo utilizan chicas menores de 18 años para interrumpir un embarazo.
La Corte Suprema de los Estados Unidos anuló el año pasado la histórica sentencia Roe contra Wade, de 1973, que reconocía el derecho constitucional al aborto. Desde entonces, 12 de los 50 estados prohíben totalmente el aborto, mientras que muchos otros lo prohíben a partir de una determinada duración del embarazo, según el Instituto Guttmacher, una organización de investigación que apoya el derecho al aborto.
(Con información de AFP y Reuters)
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